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Telefónica parece dispuesta a buscar nuevas fuentes de ingresos, ante el frenazo que ha sufrido el consumo en general, si bien en el ámbito de las telecomunicaciones se ha apreciado bastante menos hasta ahora. Según fuentes del mercado, la compañía cobrará a partir del 10 de julio próximo por su servicio de identificación de llamadas, es decir, por hacer que en sus aparatos fijos aparezca el número desde el que se trata de comunicar con el abonado correspondiente, lo que permite a éste decidir si la atiende o no según cuál sea su origen.



Este servicio, junto a la llamada en espera y otros similares fueron ofrecidos de forma gratuita por la operadora al empezar a instalar en el 2001 sus teléfonos 'domo'. En la actualidad, seis millones de sus clientes tienen este tipo de aparatos, si bien sólo un tercio de ellos no tienen contratado la línea ADSL de conexión a internet o una tarifa plana de voz, las dos modalidades que permitirán ahorrarse el nuevo sobrecoste de 50 céntimos más IVA (58) al mes. Se trata, a priori, de una cantidad mínima por abonado, pero que multiplicada por los dos millones que se prevé resulten afectados por la misma supondrá unos ingresos extra de 12 millones de euros por año.

En cumplimiento de la normativa vigente, Telefónica ya ha iniciado los avisos pertinentes a sus clientes (con, al menos, un mes de antelación), donde justifica el citado recargo en que el sistema de identificación consume recursos técnicos.

Por otro lado, la justicia ha corregido una resolución del Ministerio de Industria y reconocido así el derecho de un abonado de Telefónica a ser indemnizado porque le cambiaron el número sin su permiso. Según una sentencia de la Audiencia Nacional, la operadora dio de baja por error al cliente en el 2004 y tras tenerle dos meses sin línea le facilitaron un nuevo número porque el suyo ya se lo habían dado a otra persona. El afectado reclama 972 euros que deberá dirimirse ahora en vía civil.