
Todos los detenidos están imputados por delitos relativos a la prostitución, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, agresiones sexuales o blanqueo de dinero. Los más de 70 agentes que han participado en el epílogo de la 'operación Zarpa' han capturado además a 60 inmigrantes irregulares, acusadas de infringir la ley de extranjería. Desde que comenzara la investigación, han sido detenidas cerca de 400 mujeres por estancia irregular y otros 53 proxenetas han sido acusados en Rusia.
Operativo policial
La última fase del operativo, que se inició en noviembre del 2006, se ha llevado a cabo en Almería, Granada, Lérida y Gerona. Según informó la Dirección General de la Policía, todas las mujeres eran recluidas en pisos-patera (con derecho sólo a cama) y sometidas a «estrictas normas y la amenaza de sanciones económicas» en establecimientos de las localidades almerienses de El Ejido y Roquetas de Mar. Los investigadores han determinado que esta red estaba liderada por varios matrimonios hispano-rusos, que eran los propietarios o explotadores de los locales públicos de alterne. Los proxenetas pagaban a las redes rusas por el uso de las chicas.
Desde el 2006, los explotadores habrían remitido a las mafias rusas cerca de dos millones de euros. La organización, sostiene el Ministerio del Interior, había creado además entidades societarias gestionadas por testaferros u hombres de paja para gestionar y dar apariencia de legalidad a la actividad ilícita desarrollada en los clubes.
Blanqueaban el dinero obtenido irregularmente mediante la compra de numerosos bienes muebles e inmuebles que constan en los registros de la propiedad a nombre de los imputados.





