
«Me daba con un canto en los dientes si supiera que este caos iba a estar solucionado para San Mateo», reconoce la decana del Colegio de Abogados, María Victoria de Pablo, para quien lo alarmante «no son los mil juicios suspendidos, sino todos los que ni siquiera se han podido suspender porque no se ha atendido las demandas».
De forma parecida se expresa José Toledo, decano de los procuradores, que advierte de que «ni haciendo un gran esfuerzo se va a conseguir que la situación se normalice antes de septiembre». Según Toledo, que los funcionarios hagan ahora horas extras no lo soluciona todo porque «para resolver el papeleo muchas veces los funcionarios necesitan a los jueces y a los secretarios judiciales al lado». Rebatiendo las palabras del ministro, Toledo estima que tras esta huelga «sí hay vencedores y vencidos». «Los vencidos son los abogados, los procuradores, sus clientes y todos los ciudadanos», afirma.
Los propios representantes de los trabajadores también lo tienen claro. «Hasta después del ve-rano seguro que esto no se normaliza», vaticina Laly Arnella, de CCOO, mientras su compañero del CSIF, Alberto Herrería, estima un plazo de «al menos ocho meses» como el necesario para ponerse al día.
El presidente del TSJR, Ignacio Espinosa, es el más optimista: «Los tres meses que dice el ministro no me parece algo descabellado, aunque habrá que ver en qué consiste exactamente el 'plan de choque'».
Los cerca de 9.500 funcionarios del ámbito no transferido de Justicia llamados a las urnas a nivel nacional respaldaron ayer con el 61,48% de los votos poner fin a la huelga indefinida que iniciaron el pasado 4 de febrero. En La Rioja, el porcentaje fue más elevado. Según fuentes sindicales, ejercieron el voto 160 funcionarios, de los cuales 107 se pronunciaron en contra de seguir con el paro (el 66,8%).












