REGIÓN
Dos meses y un día
La huelga indefinida de los funcionarios ha colocado al sistema judicial riojano ante un caos sin precedentes
07.04.08 -
Los funcionarios de Justicia de Logroño, durante una de sus manifestaciones para exigir la equiparación salarial con otras comunidades. /ENRIQUE DEL RÍO
Dos meses y un día. Parece una condena, pero ese el el tiempo que han necesitado la Administración central y los sindicatos para alcanzar el acuerdo con el que parece que se puede poner fin a una huelga que ha dejado el sistema judicial riojano sumido en un caos sin precedentes.
Durante este tiempo se han suspendido más de mil juicios sólo en el Palacio de Justicia con sede en Logroño. Los servicios mínimos apenas han sido suficientes para poder sacar adelante cuestiones de la máxima urgencia como causas con presos o juicios rápidos. El resto ha entrado en una cola de espera que nadie sabe a ciencia cierta cuánto tiempo durará.
Lo cierto es que hoy por hoy, los despachos de los jueces riojanos y las oficinas de los funcionarios son un maremagnum de papeles acumulados en mesas y armarios. Allí se apilan, además de los sumarios de esos mil juicios sin resolver, más de 1.700 demandas pendientes de incoar (que se han presentado pero nadie ha comenzado siquiera a mirarlas) y otros 2.000 escritos sin tramitar como pueden ser, por ejemplo, contestaciones a demandas, peticiones de prueba o solicitudes de peritos.
«Me preocupa el deterioro que está sufriendo la Administración de Justicia», decía el presidente del TSJR, Ignacio Espinosa, cuando sólo se había cumplido poco más de un mes de huelga. «Es un caos total», advertía la decana del Colegio de Abogados, María Victoria de Pablo. «Merecería la declaración de zona catastrófica», aseguraba, desde el Colegio de Procuradores, José Toledo.
Porque detrás de las cifras de juicios y procedimientos suspendidos, existen cientos de abogados, procuradores y, sobre todo, miles de ciudadanos que han sufrido los daños colaterales de este conflicto laboral que se ha prolongado en el tiempo mucho más de lo que nadie se atrevía a pronosticar cuando se anunciaba el comienzo de la huelga, aquel lejano 4 de febrero.
Madres que no pueden cobrar las pensiones alimenticias de sus hijos, propietarios que no consiguen la resolución judicial que les autorice a expulsar de sus pisos a inquilinos morosos, parejas rotas que no pueden materializar su divorcio hasta que se dicte una sentencia, y un sin fin de ciudadanos más esperan que el acuerdo alcanzado ayer entre el ministro Bermejo y los funcionarios se lleve a efecto de inmediato.
Hoy se podrá comprobar si los funcionarios afines a Comisiones Obreras aceptan las directrices de sus líderes nacionales y si los huelguistas vinculados al CSI-CSIF refrendan en las urnas lo firmado en la sede del Ministerio. O eso, o el caos.
Durante este tiempo se han suspendido más de mil juicios sólo en el Palacio de Justicia con sede en Logroño. Los servicios mínimos apenas han sido suficientes para poder sacar adelante cuestiones de la máxima urgencia como causas con presos o juicios rápidos. El resto ha entrado en una cola de espera que nadie sabe a ciencia cierta cuánto tiempo durará.
Lo cierto es que hoy por hoy, los despachos de los jueces riojanos y las oficinas de los funcionarios son un maremagnum de papeles acumulados en mesas y armarios. Allí se apilan, además de los sumarios de esos mil juicios sin resolver, más de 1.700 demandas pendientes de incoar (que se han presentado pero nadie ha comenzado siquiera a mirarlas) y otros 2.000 escritos sin tramitar como pueden ser, por ejemplo, contestaciones a demandas, peticiones de prueba o solicitudes de peritos.
«Me preocupa el deterioro que está sufriendo la Administración de Justicia», decía el presidente del TSJR, Ignacio Espinosa, cuando sólo se había cumplido poco más de un mes de huelga. «Es un caos total», advertía la decana del Colegio de Abogados, María Victoria de Pablo. «Merecería la declaración de zona catastrófica», aseguraba, desde el Colegio de Procuradores, José Toledo.
Porque detrás de las cifras de juicios y procedimientos suspendidos, existen cientos de abogados, procuradores y, sobre todo, miles de ciudadanos que han sufrido los daños colaterales de este conflicto laboral que se ha prolongado en el tiempo mucho más de lo que nadie se atrevía a pronosticar cuando se anunciaba el comienzo de la huelga, aquel lejano 4 de febrero.
Madres que no pueden cobrar las pensiones alimenticias de sus hijos, propietarios que no consiguen la resolución judicial que les autorice a expulsar de sus pisos a inquilinos morosos, parejas rotas que no pueden materializar su divorcio hasta que se dicte una sentencia, y un sin fin de ciudadanos más esperan que el acuerdo alcanzado ayer entre el ministro Bermejo y los funcionarios se lleve a efecto de inmediato.
Hoy se podrá comprobar si los funcionarios afines a Comisiones Obreras aceptan las directrices de sus líderes nacionales y si los huelguistas vinculados al CSI-CSIF refrendan en las urnas lo firmado en la sede del Ministerio. O eso, o el caos.
