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El conflicto que ha enfrentado durante algo más de dos meses a los funcionarios de la administración de justicia no transferida -incluida la Comunidad Autónoma de La Rioja- con el ministerio dirigido por Mariano Fernández Bermejo alcanzó ayer, finalmente, un desenlace que hace predecible una rápida desconvocatoria de la huelga y el inmediato retorno a la normalidad. No obstante, la escenificación de una maratoniana reunión de más de catorce horas en la madrugada del sábado al domingo, con protagonismo del titular de Justicia en funciones, apunta una cierta sobreactuación para poner en valor una negociación cuyas dificultades, a la vista del acuerdo final, han tenido su origen más en actitudes personales que en obstáculos puramente profesionales o laborales. Otro tanto cabe decir del comportamiento de las centrales sindicales que han mantenido maneras contradictorias y confusas especialmente en la convocatoria y desarrollo del referéndum que abrumadoramente se inclinó por mantener el paro. Ninguna de las partes que ayer alcanzaron un acuerdo para incrementar la nómina de los funcionarios en 190 euros - solo diez menos de los 200 exigidos desde el principio - han estado a la altura de las circunstancias y de un conflicto cuyo impacto sobre el sistema judicial y los derechos fundamentales de muchos ciudadanos aconsejaba realizar un mayor esfuerzo para minimizar su extensión en el tiempo. Pero la carga de la mayor responsabilidad corresponde a la administración que se sabía de antemano condenada al entendimiento con un sector de la función pública a la que asistía el derecho a equipararse con sus homólogos en otras comunidades. En lugar del ingente coste en horas de trabajo que ha supuesto este pulso, el ministerio debería haber encontrado rápidamente fórmulas para zanjar el conflicto con el menor coste posible aprovechando, además, la crisis para reforzar los medios y la eficacia de una administración intensamente cuestionada por la opinión pública.

Por lo que respecta a La Rioja, las oficinas de los funcionarios -y también las de los abogados- son un caos de papeles acumulados. Allí se apilan, además de los sumarios de un millar de juicios sin resolver, más de 1.700 demandas pendientes de incoar y otros 2.000 escritos sin tramitar como por ejemplo respuestas a demandas, peticiones de prueba o solicitudes de peritos. Es urgente solventar cuanto antes este conflicto ya que el marasmo que está representando, no sólo a la Justicia sino a todos los ámbitos de la sociedad, pone en peligro los derechos de los ciudadanos.