ESPAÑA
El CGPJ expedientará al juez que dejó libre al acusado de matar a Mari Luz
El magistrado Rafael Tirado atribuye el retraso en la ejecución de esta sentencia a la sobrecarga de trabajo, falta de tiempo y escasez de funcionarios
El magistrado sevillano Rafael Tirado Márquez. / L. R.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) expedientará por falta muy grave a Rafael Tirado, el magistrado sevillano que tardó más de dos años en ejecutar la sentencia que habría supuesto el encarcelamiento de Santiago del Valle, el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, que murió el pasado mes de enero. El sospechoso tendría que haber ingresado en prisión para cumplir una condena de más de tres años de cárcel por abusar de su propia hija en la primavera de 2006, pero el escaso control que ejercía el juez sobre su juzgado le permitió seguir en libertad.
Según fuentes del CGPJ, la Comisión Disciplinaria, que el lunes se reunirá de urgencia, aceptará la propuesta presentada ayer por el Servicio de Inspección y abrirá a Tirado un expediente sancionador ante los indicios de que ha cometido una falta muy grave de desatención de sus funciones.
El expediente, que se instruirá en un plazo inferior a seis meses, puede acarrear al juez sanciones que van desde el traslado forzoso -a más de 100 kilómetros- y la suspensión -por un máximo de tres años- a la expulsión de la carrera judicial si el pleno del CGPJ aprecia la falta muy grave. La Comisión Disciplinaria, en la reunión del lunes, también deberá debatir si es necesario acordar la suspensión cautelar del juez en sus funciones mientras se instruye el expediente.
La Inspección llega a la conclusión de que la demora de dos años, dos meses y nueve días en ejecutar la sentencia firme por abusos sexuales contra Del Valle fue debida a «trámites dilatorios, errores y omisiones» cometidos por los funcionarios y la secretaria judicial del Juzgado Penal 1 de Sevilla, que fueron posibles gracias a «la pasividad», la «dejación de funciones» y la «ausencia de control por parte de Tirado de la actividad de los funcionarios».
A esta situación se llega, según los inspectores del Poder Judicial, porque la secretaria y el juez, en vez de ordenar de inmediato la detención y encarcelamiento del condenado, perdieron un año y ocho meses en averiguar su domicilio para citarle en el juzgado. Cuando ya se dieron cuenta que no lo conseguirían, en vez de dictar una orden de detención, perdieron otros cinco meses en lograr que la Fiscalía les dijese si le parecía bien tomar esta medida.
El magistrado achaca el retraso en la ejecución de esta sentencia a la sobrecarga de trabajo, a los múltiples cambios de personal, muchos de ellos inexpertos, y a la escasez de funcionarios. La Inspección, sin embargo, dice que estas alegaciones no logran explicar lo ocurrido.
Según fuentes del CGPJ, la Comisión Disciplinaria, que el lunes se reunirá de urgencia, aceptará la propuesta presentada ayer por el Servicio de Inspección y abrirá a Tirado un expediente sancionador ante los indicios de que ha cometido una falta muy grave de desatención de sus funciones.
El expediente, que se instruirá en un plazo inferior a seis meses, puede acarrear al juez sanciones que van desde el traslado forzoso -a más de 100 kilómetros- y la suspensión -por un máximo de tres años- a la expulsión de la carrera judicial si el pleno del CGPJ aprecia la falta muy grave. La Comisión Disciplinaria, en la reunión del lunes, también deberá debatir si es necesario acordar la suspensión cautelar del juez en sus funciones mientras se instruye el expediente.
La Inspección llega a la conclusión de que la demora de dos años, dos meses y nueve días en ejecutar la sentencia firme por abusos sexuales contra Del Valle fue debida a «trámites dilatorios, errores y omisiones» cometidos por los funcionarios y la secretaria judicial del Juzgado Penal 1 de Sevilla, que fueron posibles gracias a «la pasividad», la «dejación de funciones» y la «ausencia de control por parte de Tirado de la actividad de los funcionarios».
A esta situación se llega, según los inspectores del Poder Judicial, porque la secretaria y el juez, en vez de ordenar de inmediato la detención y encarcelamiento del condenado, perdieron un año y ocho meses en averiguar su domicilio para citarle en el juzgado. Cuando ya se dieron cuenta que no lo conseguirían, en vez de dictar una orden de detención, perdieron otros cinco meses en lograr que la Fiscalía les dijese si le parecía bien tomar esta medida.
El magistrado achaca el retraso en la ejecución de esta sentencia a la sobrecarga de trabajo, a los múltiples cambios de personal, muchos de ellos inexpertos, y a la escasez de funcionarios. La Inspección, sin embargo, dice que estas alegaciones no logran explicar lo ocurrido.
