Tras el análisis del resultado de la consulta, la Federación de Servicios Públicos (FSP) señaló que «los daños producidos por una huelga tan prolongada» ha afectado «de una forma muy negativa a un servicio público esencial para el conjunto de la ciudadanía, motivada, sin duda, por unas reivindicaciones justas causadas por un desequilibrio retributivo sistemático del personal de Justicia no transferida y que el Gobierno tiene la obligación de resolver sin más dilación». De ahí que UGT, aunque se confiesa «sensible al enorme perjuicio económico que están sufriendo los funcionarios», prefiera abandonar la medida de presión.











