Economia
Bruselas denuncia a España por obstaculizar la apertura de grandes superficies
04.04.08 -
La Comisión Europea anunció ayer que presentará una nueva denuncia contra España, esta vez porque entiende que tanto la normativa estatal sobre comercio (de horarios y licencias) como la propia que rige a nivel autonómico dentro de Cataluña limitan la libertad de establecimiento de las compañías de distribución comercial, una queja reiterada por éstas desde hace años. Las autoridades comunitarias toman esta decisión después de que ambos gobiernos no hayan adoptado, en la práctica, medidas dirigidas a cambiar dicha situación, pese a ser requeridos desde Bruselas el pasado 23 de octubre mediante de un dictamen motivado.
Los responsables europeos tienen su principal elemento de queja en la llamada segunda licencia autonómica, que depende de las comunidades y sobre la cual las grandes superficies critican la falta de uniformidad a nivel nacional, con criterios claramente distintos según el territorio donde se vayan a instalar. En Cataluña, por ejemplo, está previsto que las empresas que ya tengan intereses económicos en la zona afectada participen, aunque sea de forma indirecta, en el proceso de toma de decisiones. Sólo por ello ya estiman que se ha vulnerado el tratado europeo sobre la libertad de establecimiento, por contiene elementos que resultan «claramente limitativos».
Su reclamación no se queda ahí. Consideran que a nivel estatal también existe un procedimiento «particularmente complejo y restrictivo» que se apoya en gran medida en consideraciones de carácter económico como, por ejemplo, las necesidades puntuales del mercado o el impacto en los comercios existentes de la implantación de una gran superficie.
Los responsables europeos tienen su principal elemento de queja en la llamada segunda licencia autonómica, que depende de las comunidades y sobre la cual las grandes superficies critican la falta de uniformidad a nivel nacional, con criterios claramente distintos según el territorio donde se vayan a instalar. En Cataluña, por ejemplo, está previsto que las empresas que ya tengan intereses económicos en la zona afectada participen, aunque sea de forma indirecta, en el proceso de toma de decisiones. Sólo por ello ya estiman que se ha vulnerado el tratado europeo sobre la libertad de establecimiento, por contiene elementos que resultan «claramente limitativos».
Su reclamación no se queda ahí. Consideran que a nivel estatal también existe un procedimiento «particularmente complejo y restrictivo» que se apoya en gran medida en consideraciones de carácter económico como, por ejemplo, las necesidades puntuales del mercado o el impacto en los comercios existentes de la implantación de una gran superficie.
