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La Fiscalía mantuvo ayer su petición de seis años de prisión para los tres acusados de vender 61 plazas falsas en el estacionamiento de Gran Vía por considerarlos autores de un delito continuado de estafa, agravado por la cuantía (360.000 euros) y por el «abuso de confianza en la relación personal y empresarial». Mientras tanto, la solicitud de las distintas acusaciones particulares variaron de entre dos y nueve años de cárcel, y los abogados defensores reclamaron la absolución de los presuntos estafadores. Todo esto ocurrió ayer durante la última sesión del juicio que celebra la Audiencia Provincial de Logroño contra J.F.M.P., E.M.M. y O.F.F., por la venta fraudulenta de plazas del estacionamiento subterráneo de la Gran Vía a amigos y conocidos.

En su argumento, la fiscal dijo que queda acreditada la responsabilidad de los tres acusados en la trama. Con respecto a J.F.M.P., explicó que «no hay duda de su planeamiento de la estafa» y que E.M.M. y O.F.F., dos conocidos comerciantes de Logroño, fueron «cooperadores y responsables», por ser los encargados de vender las plazas a familiares y amigos con «abuso de confianza». Para la fiscal, los tres actuaron con ánimo de lucro ilícito.

El letrado de dos familias que adquirieron 30 y 14 plazas, respectivamente, y que se sumó a la solicitud de la Fiscalía, observó que los dos conocidos empresarios son autores del delito ya que «sin ellos no hubiera existido la estafa». El abogado de otra de las familias de afectados por la venta de plazas falsas pidió nueve años porque «queda probado el hecho delictivo» con otro «agravante», mientras que las acusaciones particulares del Consistorio y del PSOE apoyaron la tesis de la fiscal.

La defensa de E.M.M., que se presentó también como acusación particular contra J.F.M.P., pidiendole dos años de prisión, reclamó la absolución de su defendido ya que adquirió plazas para sí mismo y para familiares, «que ponen las manos en el fuego por él». Añadió que su situación «es igual a la del resto de compradores».

El abogado de J.F.M.P. explicó que su defendido, por entonces de 23 años, no podía ser ni el cerebro ni la hucha de la trama. «Es un error presentarlo como maquiavélico», dijo y agregó que fue el único de los acusados que ha devuelto parte del dinero, «que fue repartido en partes iguales». Por último, la defensa de O.F.F. apuntó que «no se puede medir a los tres acusados por igual», alegó que su defendido no tiene dinero porque «trabaja en una empresa de reparto» y que según aseguró nunca supo que la venta de plazas era falsa. Así, se acogió al concepto de , es decir, que en caso de duda, se beneficie al preso.