ESPAÑA
La Fiscalía quiere que Policía y jueces unifiquen datos sobre delitos sexuales
Justicia y el Ministerio Público abren sendas investigaciones para depurar responsabilidades de funcionarios por las irregularidades en el 'caso Mari Luz'
La fiscal delegada para la Protección de las Víctimas de Delitos, Pilar Fernández Valcárcel, a la derecha, ayer al inicio de la primera reunión de la comisión para estudiar medidas de control. / EFE
La comisión formada en la Fiscalía General para mejorar el control judicial de los delincuentes sexuales celebró ayer su primera reunión y decidió que en un plazo máximo de tres meses deberá emitir un informe con las propuestas legislativas y las reformas en la gestión procesal que se considera necesario realizar.
Los expertos de la Fiscalía sopesan recomendar la unificación de los diferentes sistemas informáticos empleados por las instituciones involucradas -juzgados, Fiscalía y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado- para que exista una comunicación fluida respecto de la situación personal de los condenados por esta clase de delitos y los interesados dispongan de toda la información en tiempo real.
A tal fin, solicitará informes a todas las fiscalías del territorio nacional para conocer los diferentes sistemas informáticos que funcionan actualmente y poder realizar un estudio comparativo sobre los niveles de eficacia de cada aplicación.
Los fiscales han acordado recabar información sobre la situación actual de la ejecución de sentencias en España, con el fin de elaborar un diagnóstico fiable que constituya un punto de partida para elaborar propuestas con el fin de mejorar el seguimiento sobre las condenas penales.
Francia e Italia, modelos
La presidenta de la comisión, Pilar Fernández Valcárcel, solicitará en los próximos días a los magistrados de enlace de Italia y Francia que le informen acerca de los sistemas vigentes en ambos países sobre seguimiento y control de delincuentes sexuales.
La comisión también ha acordado solicitar a la Generalitat de Cataluña el informe elaborado recientemente por los expertos de su comisión de estudio para la prevención de la reincidencia en delitos graves.
La depuración de responsabilidades por los fallos en los procesos judiciales contra Santiago del Valle, el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, alcanza ya todo el abanico de profesionales implicados. El Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado han abierto sendas investigaciones para averiguar si alguno de los funcionarios dependientes de sus departamentos y de la Junta de Andalucía cometieron errores que puedan acarrear sanciones disciplinarias.
Las pesquisas examinan el trabajo realizado por funcionarios, secretarios judiciales y fiscales en los distintos juzgados, sobre todo de Sevilla, que tramitaron causas contra Del Valle.
Ambas investigaciones se suman a la que tiene en marcha el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra dos jueces sevillanos. El objetivo de todas ellas es saber qué errores se cometieron y por quiénes para que un delincuente sexual que en el 2006 contaba en su haber con dos condenas firmes de más de dos años de cárcel no ingresase en prisión antes de matar a Mari Luz.
Los expertos de la Fiscalía sopesan recomendar la unificación de los diferentes sistemas informáticos empleados por las instituciones involucradas -juzgados, Fiscalía y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado- para que exista una comunicación fluida respecto de la situación personal de los condenados por esta clase de delitos y los interesados dispongan de toda la información en tiempo real.
A tal fin, solicitará informes a todas las fiscalías del territorio nacional para conocer los diferentes sistemas informáticos que funcionan actualmente y poder realizar un estudio comparativo sobre los niveles de eficacia de cada aplicación.
Los fiscales han acordado recabar información sobre la situación actual de la ejecución de sentencias en España, con el fin de elaborar un diagnóstico fiable que constituya un punto de partida para elaborar propuestas con el fin de mejorar el seguimiento sobre las condenas penales.
Francia e Italia, modelos
La presidenta de la comisión, Pilar Fernández Valcárcel, solicitará en los próximos días a los magistrados de enlace de Italia y Francia que le informen acerca de los sistemas vigentes en ambos países sobre seguimiento y control de delincuentes sexuales.
La comisión también ha acordado solicitar a la Generalitat de Cataluña el informe elaborado recientemente por los expertos de su comisión de estudio para la prevención de la reincidencia en delitos graves.
La depuración de responsabilidades por los fallos en los procesos judiciales contra Santiago del Valle, el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, alcanza ya todo el abanico de profesionales implicados. El Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado han abierto sendas investigaciones para averiguar si alguno de los funcionarios dependientes de sus departamentos y de la Junta de Andalucía cometieron errores que puedan acarrear sanciones disciplinarias.
Las pesquisas examinan el trabajo realizado por funcionarios, secretarios judiciales y fiscales en los distintos juzgados, sobre todo de Sevilla, que tramitaron causas contra Del Valle.
Ambas investigaciones se suman a la que tiene en marcha el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra dos jueces sevillanos. El objetivo de todas ellas es saber qué errores se cometieron y por quiénes para que un delincuente sexual que en el 2006 contaba en su haber con dos condenas firmes de más de dos años de cárcel no ingresase en prisión antes de matar a Mari Luz.
