Admite el instituto emisor que la «profundización» de las turbulencias financieras plantea un escenario «más complejo» para las entidades del sector, tanto españolas como extranjeras, si bien en las primeras aprecia ciertas ventajas. Así, recuerda que han evitado los productos más complejos («cuya valoración se ha revelado muy problemática», apunta), no han tenido posiciones fuera de los balances a través de vehículos de especial riesgo, mantienen riesgos «muy limitados» en las adquisiciones apalancadas de empresas y no tienen exposiciones con aseguradoras de bonos. Por el contrario, la desaceleración inmobiliaria plantea «retos adicionales» para ellas.
Y es que los «retos» abiertos para bancos y cajas, advierte el Banco de España , proceden, «en buena parte», de la financiación a empresas y familias, si bien insiste en que aquellos se sitúan en «una buena posición de partida» cuando se analiza su rentabilidad y su solvencia. Así, en un escenario «drástico» (que la morosidad de los promotores supere el 13%, su máximo desde 1993, y las entidades sólo pudieran recuperar el 50% de los créditos impagados), las perdidas del sistema financiero 'apenas' alcanzarían los dos tercios (63%) del fondo de insolvencias actual. Ello sería posible porque la ratio de morosidad aún es «muy reducida» para promotores (0,49%) y constructores (0,72%), mientras que la financiación a estos sectores se desaceleró con fuerza el año pasado (al pasar de un alza del 43% a otra del 21%).
El Gobierno ha atendido por fin las súplicas planteadas por el sector del 'ladrillo'. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) destinará hasta 3.000 millones de euros para avalar -con la garantía del Estado- a aquellos bancos y cajas que emitan títulos soportados por hipotecas. Las entidades financieras deberán, a su vez, conceder nuevos préstamos por el mismo montante que pongan mediante titulizaciones en el mercado a familias y promotores que compren.





