
PROPUESTA MINISTERIAL
La asamblea de trabajadores se celebró a puerta cerrada, pero Laly Arnella, de Comisiones Obreras, y Alberto Herrería, del CSI-CSIF, coincidieron en señalar en declaraciones a este periódico que pese a que se ha avanzado en algunos puntos de la negociación, el principal escollo es el tema salarial.
Según ha comunicado el Ministerio, se reconocerían 140 euros por funcionario y mes con efectos a 1 de enero de 2008, de los cuales 60 euros se devengarán y percibirán mensualmente desde el 1 de enero, mientras los 80 euros restantes se abonarían como una suma única de 960 pagadera en la nómina correspondiente al mes de enero o febrero de 2009. En abril del 2009, los funcionarios percibirán un incremento adicional de 40 euros al mes, lo que supone una subida mensual final de 180 euros. «Aceptar eso es ceder», sentencia Alberto Herrería, que recuerda que la aspiración de los huelguistas es lograr un aumento de «200 euros mensuales y este mismo año».
Complemento específico
Según explica Laly Arnella, la «propuesta de pacto» de Bermejo contempla «un complemento específico hasta llegar a 200 euros cuando se ponga en marcha la Oficina Judicial». El problema -asegura la delegada sindical- es que no todos los trabajadores estarán dentro de la nueva Oficina. «Los compañeros de Fiscalía, Juzgados de lo Social, Instituto de Medicina Legal y Juzgados de Paz quedarían fuera. Por eso tampoco nos agrada este punto». Por lo tanto, la postura de los líderes sindicales riojanos es la de rechazar el pacto propuesto por el Ministerio. «Mi voto lo tengo claro», confiesa Herrería, «pero no sé lo que harán los compañeros».
Rechazar la última oferta ministerial supondría seguir con una huelga que ha conseguido la paralización casi absoluta del sistema judicial riojano y ha sembrado un caos de papeles sin tramitar en todas las instancias del Palacio de Justicia. Según estimaba ayer Laly Arnella, el número de juicios suspendidos en los 57 días que se llevan de huelga habría alcanzado ya el millar.
En una entrevista concedida ayer a la Cadena Ser, el ministro Mariano Fernández Bermejo expresó su deseo de que los trabajadores ratifiquen en referéndum la oferta de la Administración así como su interés en que «las consecuencias de este paro se minimicen al extremo» y «en cinco o seis meses» la situación en los organismos judiciales esté «normalizada».
La intención del Gobierno es que el trabajo acumulado durante estos casi dos meses de inactividad se vaya solventando con horas extras de los propios funcionarios, que cobrarían aparte.
El referéndum se celebrará en el local sindical del Palacio de Justicia de La Rioja entre las 8.00 y las 13.00 horas. Más de 200 huelguistas están llamados a las urnas. Las centrales sindicales advierten de que no se van a hacer públicos los resultados obtenidos en cada comunidad autónoma, sino que se enviarán a Madrid para ser contabilizados de manera conjunta y trasladar el dato final a la sede mi- nisterial.
De decidir continuar adelante con la huelga, los trabajadores de Justicia, en principio, seguirían cobrando sus nóminas mensuales descontando días de manera escalonada, es decir, si marzo lo han cobrado íntegro excepto cuatro jornadas, en abril serían ocho los días a restar.












