
Desde entonces, y ya han pasado más de 50 días, se ha llegado a un punto de vacío casi total de las dependencias judiciales y la esclerosis de la justicia riojana, que sólo funciona a impulsos de los servicios mínimos.
En este lapso, ha habido situaciones para todos los gustos. La mayoría, desagradables. Como las madres que no han podido cobrar la pensión alimenticia de sus hijos durante estos dos últimos meses. O aquellos dueños de una casa que tenían señalado un juicio por impago de rentas y que tendrán que aguantar, hasta que se señale de nuevo el juicio y se resuelva, otros cuantos meses a los 'okupas' que no les abonan el alquiler de su piso.
También víctimas venidas desde regiones tan lejanas como las Islas Canarias, abogados provenientes de Vigo o peritos de Madrid han llegado a La Rioja, han pernoctado y se han tenido que marchar de vacío al comprobar que la parálisis de los juzgados resultaba casi absoluta.
Como contrapartida, en los juzgados ha quedado algún detalle bonito y curioso. La huelga de funcionarios ha permitido a una pareja, en pleno proceso de divorcio, replantearse su situación. Los retrasos a la hora de lograr una sentencia han provocado que la ruptura ya iniciada no llegase a su fin y que la pareja se diese una nueva oportunidad.
Pero ni las anécdotas románticas son suficientes para borrar la cicatriz de esta huelga que, en palabras de la decana del Colegio de Abogados, María Victoria de Pablo, «ha afectado a varios miles de riojanos».
Además de los usuarios de la Justicia damnificados, los dos colectivos que más han sufrido el paro han sido el de los procuradores y el de los abogados. «Los procuradores hemos respetado el derecho a la huelga, por eso esperamos que ahora prevalezca la profesionalidad de los funcionarios para que se retome la situación», explica el decano del Colegio, José Toledo.
«Hemos asumido todos los perjuicios económicos, manteniendo los sueldos de nuestros trabajadores aunque no teníamos ingresos», añade, aunque José Toledo considera esto un mal menor frente a «los perjuicios sociales tan importantes que sólo se podrán remontar dependiendo del esfuerzo de todos».
«Si la huelga finaliza en una situación que no quieren los trabajadores, nos encontraríamos en una situación peor que antes de la huelga», apunta.
Los letrados han sufrido el colapso. «Especialmente los más jóvenes y los que se dedican a asuntos penales -explica María Victoria de Pablo- ya que los que se ocupan de asuntos fiscales o mercantiles lo han notado me-nos».
Una salida
Desde ambos colectivos se espera una solución inmediata facilite el retorno a la normalidad. «Soy optimista y creo que con el esfuerzo de todos y con sentido común podemos normalizar la situación en tres o cuatro meses», vaticina De Pablo. «Con la capacidad de todos y arrimando el hombro, en agosto podremos retomar la situación anterior», añade.
Éste es, con ligeros matices, el plazo que el decano del Colegio de Procuradores también marca para la vuelta a la normalidad, aunque advierte: «La Justicia es una ma-quinaria que cuesta poner en marcha. Aunque los funcionarios vuelven a sus puestos hoy, existen unos plazos y los señalamientos, por ejemplo, se podrían iniciar a finales de abril».
Por último, Toledo recuerda a los funcionarios su diferencia con el resto de los trabajadores, «ya que se deben al ciudadano y a la función pública», por lo que espera que, cuando se solucione el paro, se pueda recuperar el trabajo y la Administración de Justicia vuelva a la normalidad.











