
El edificio, levantado en 1928 por Quintín Bello y con una protección de grado III, fue adquirido por la firma Casasal S.A. en el 2002. Un año después, el Ayuntamiento de Logroño denegó a la empresa la licencia de obra para el derribo del interior de la casa y su posterior reconstrucción. Incluso el Colegio de Arquitectos (COAR) intervino entonces a favor de que el inmueble siguiera en pie.
Según Bauve, fue a partir de ahí cuando su situación en el edificio se hizo «insoportable». «El acoso -asegura la inquilina- ha sido horroroso» y se ha manifestado en mil detalles: obras constantes en el piso de arriba (5ºD), desprendimientos, ruidos intempestivos, presiones psicológicas... La coyuntura llevó a la afectada a emprender acciones civiles para obligar al arreglo de las goteras que sufre el edificio y también de carácter penal contra la propiedad en relación a un posible 'acoso inmobiliario'.
Procesos judiciales
Una situación que incluso llevó a la Fiscalía de La Rioja a impulsar una investigación para aclarar si tanto en éste como en el caso del edificio de San Antón número 8 se han dado algún tipo de coacción a los moradores.
Brigitte Bauve explicó ayer que los diferentes procesos judiciales que mantiene abiertos «siguen su curso», si bien ha constatado que «desde que se dio el cambio de Gobierno municipal en el Ayuntamiento de Logroño no me ha vuelto a molestar nadie». En su batalla, Bauve ha recurrido incluso al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica. «Me ha ayudado muchísimo y también él está a la espera de una solución definitiva», indica.











