
El padre de Mari Luz, Juan José Cortés, explicó que la familia ha iniciado una campaña de recogida de firmas para pedir la pena de «cadena perpetua» para los culpables de este tipo de delitos, como es el caso del presunto asesino de su hija, Santiago del Valle.
A pesar de que aseguró estar «dispuesto» a llegar hasta el Tribunal de Estrasburgo para que «se depuren todas las responsabilidades en los errores judiciales», aseguró que sigue «confiando en la fuerza del Estado y en las palabras del presidente del Gobierno, ya que estamos en un Estado de Derecho». Cortés se mostró «convencido de que hay más personas involucradas que han ocultado un asesinato, y eso es un delito», pero apostó por «no tener prisas porque aquí van a pagar todos».
Por otra parte, seis vocales de la minoría progresista del Consejo General del Poder Judicial han propuesto al pleno la reprobación y cese del portavoz de este órgano, Enrique López, por las declaraciones que efectuó tras la detención del presunto autor de la muerte de la niña Mari Luz.
Los vocales progresistas muestran su rechazo por la actuación como portavoz del órgano de gobierno de los jueces de López, quien en los últimos días ha abogado por abrir un debate sobre la cadena perpetua. El texto es firmado por todos los vocales nombrados a propuesta del PSOE a excepción de Javier Martínez Lázaro -Fernando Salinas, María Ángeles García, Juan Carlos Campo, Luis Aguiar y Monserrat Comás- y el de IU, Félix Pantoja.
Por sus parte, el presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, lamentó ayer la «cadena de fallos» en la Justicia e instó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a «aclarar todos los extremos de lo sucedido y actuar en consecuencia».
El ex fiscal general del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, José María Mena aseguró ayer que el caso de la niña Mari Luz es un «gravísimo error estructural», favorecido por el «caos absoluto» que sufre todo el sistema judicial, penal y policial, y que pone de manifiesto la necesidad de que las distintas fuerzas de seguridad compartan información sobre los criminales.
A su vez, el portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, aseguró que «ha habido un fallo calamitoso en el sistema», debido a que se tiene «un sistema judicial y legal no preparado eficazmente contra la delincuencia sexual», dijo. También lamentó que la legislación no contemple medidas «contra la peligrosidad», que irían «más allá del cumplimiento de la pena», y que sólo lo hagan «contra la culpabilidad», que es «el ingreso en prisión», explicó.





