ESPAÑA
El juez achaca al exceso de trabajo que Del Valle no estuviera en prisión
El juez de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado, afirmó ayer que el retraso en la ejecución de la condena a dos años de cárcel impuesta a Santiago del Valle, el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, se debieron a la sobrecarga de trabajo que padecen los juzgados de la capital andaluza y a la tardanza en cubrir la vacante de una funcionaria que se dio de baja. Tirado afirmó estar «moralmente hundido» y sentirse «responsable en parte» de lo sucedido. En un encuentro informal con periodistas poco antes de reunirse con los inspectores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que investigan qué falló para que Santiago Del Valle estuviera en libertad, el juez explicó que tenía la convicción «sincera» de que el pederasta estaba ya en la cárcel, dado que la sentencia había sido ratificada.
Según su explicación, no tenía «ninguna noticia» sobre él desde el día 13 de marzo del 2006, fecha en que firmó el auto en el que decretó la no suspensión de la condena y el consiguiente ingreso en prisión del presunto asesino de Mari Luz . El magistrado subrayó que, desde esa fecha, «nadie» le dio cuenta del estado del procedimiento ni le comunicó que Del Valle no aparecía. Aseguró también que mientras la causa estuvo bajo su control todo se desarrolló con celeridad, pero después ninguno de los funcionarios le informó sobre el sumario. Además, señaló, la funcionaria encargada de estos asuntos estuvo de baja casi cinco meses, sin que su plaza fuera cubierta por la Junta de Andalucía, lo que retrasó otros 600 casos. Así, aunque la sentencia fue dictada en noviembre del 2002, la Audiencia Provincial no conoció la apelación hasta abril del 2003, y emitió su sentencia firme en diciembre del 2005. Las declaraciones de Rafael Tirado fueron respaldadas por el juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester.
El Poder Judicial ya sancionó a mediados de la década de los noventa al juez Rafael Tirado, con una multa de 50.000 pesetas de la época (300 euros), por retrasos injustificados en la instrucción de los sumarios abiertos por su juzgado. El juez podría ser incluso separado de la Carrera Judicial si la investigación que ha iniciado el Poder Judicial concluye que la no ejecución de esta condena puede ser considerada como una falta muy grave de desatención en sus funciones.
Según su explicación, no tenía «ninguna noticia» sobre él desde el día 13 de marzo del 2006, fecha en que firmó el auto en el que decretó la no suspensión de la condena y el consiguiente ingreso en prisión del presunto asesino de Mari Luz . El magistrado subrayó que, desde esa fecha, «nadie» le dio cuenta del estado del procedimiento ni le comunicó que Del Valle no aparecía. Aseguró también que mientras la causa estuvo bajo su control todo se desarrolló con celeridad, pero después ninguno de los funcionarios le informó sobre el sumario. Además, señaló, la funcionaria encargada de estos asuntos estuvo de baja casi cinco meses, sin que su plaza fuera cubierta por la Junta de Andalucía, lo que retrasó otros 600 casos. Así, aunque la sentencia fue dictada en noviembre del 2002, la Audiencia Provincial no conoció la apelación hasta abril del 2003, y emitió su sentencia firme en diciembre del 2005. Las declaraciones de Rafael Tirado fueron respaldadas por el juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester.
El Poder Judicial ya sancionó a mediados de la década de los noventa al juez Rafael Tirado, con una multa de 50.000 pesetas de la época (300 euros), por retrasos injustificados en la instrucción de los sumarios abiertos por su juzgado. El juez podría ser incluso separado de la Carrera Judicial si la investigación que ha iniciado el Poder Judicial concluye que la no ejecución de esta condena puede ser considerada como una falta muy grave de desatención en sus funciones.
