
OTRA CAUSA
El fiscal decide archivar la causa porque no detecta una «abierta desobediencia» desde el Ayuntamiento que gobernaba el PP, sino «una paralización, un ocultamiento, una dejación de funciones». También encuentra «desidia y abandono» en los anteriores responsables políticos, pero descarta que hubiera una prevaricación, ya que en este tipo de delito no se encuadran los casos de silencios administrativos como el cometido en el caso de Mendiola.
Los hechos se remontan a octubre del 2006, cuando el concejal socialista Vicente Urquía (hoy portavoz del equipo de Gobierno) denunció la paralización que ha-bía sufrido el expediente desde 1996, solicitando que se reanudara la ejecución subsidiaria. El fiscal explica que se le respondió desde el Ayuntamiento, que dirigía el popular Julio Revuelta, advirtiendo de que en 1996 se solicitó una licencia de actividad de camping, informada desfavorablemente un año después. El expediente se trasladó a la COTUR, que autorizó el camping en 1999. Posteriormente, en el 2002, se pidió copias de dichos acuerdos, lo que dio lugar a un nuevo expediente de consultas urbanísticas.
El fiscal apunta que, según un oficio de septiembre del 2007, la demolición del chalé fue suspendida, «al parecer por error», en el 2002. Aclara que en el oficio «se observa la clara intención de provocar sucesivos trámites que enerven la demolición, provocando procedimientos distintos que obligan a la continua paralización del expediente de origen», hasta el punto de que durante todos estos años «no se instó por las autoridades municipales o concejales» la ejecución del derribo del chalé.












