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RSS | ed. impresa | Regístrate | 19 julio 2008

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El fiscal cree que hubo «dejación de funciones» con el chalé de Mendiola
El Ministerio Público archiva la denuncia del PSOE aunque entiende que el anterior Gobierno local favoreció a la senadora
28.03.08 -

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El fiscal cree que hubo «dejación de funciones» con el chalé de Mendiola
Chalé de la familia de la senadora Francisca Mendiola en La Grajera. /ENRIQUE DEL RÍO
El fiscal considera que hubo una «dejación de funciones» por parte de los anteriores responsables municipales para impedir el derribo del chalé que la familia de Francisca Mendiola, senadora del PP, tiene en La Grajera y que el antiguo equipo de Gobierno «ha favorecido a una persona concreta», que en este caso es la senadora del PP. Sin embargo, la Fiscalía archiva la denuncia presentada el 21 de febrero del 2007 por Tomás Santos, entonces portavoz municipal del PSOE, por la no ejecución subsidiaria de un acuerdo de 1994 (confirmado por un auto en 1996) del derribo del chalé.

El fiscal decide archivar la causa porque no detecta una «abierta desobediencia» desde el Ayuntamiento que gobernaba el PP, sino «una paralización, un ocultamiento, una dejación de funciones». También encuentra «desidia y abandono» en los anteriores responsables políticos, pero descarta que hubiera una prevaricación, ya que en este tipo de delito no se encuadran los casos de silencios administrativos como el cometido en el caso de Mendiola.

Los hechos se remontan a octubre del 2006, cuando el concejal socialista Vicente Urquía (hoy portavoz del equipo de Gobierno) denunció la paralización que ha-bía sufrido el expediente desde 1996, solicitando que se reanudara la ejecución subsidiaria. El fiscal explica que se le respondió desde el Ayuntamiento, que dirigía el popular Julio Revuelta, advirtiendo de que en 1996 se solicitó una licencia de actividad de camping, informada desfavorablemente un año después. El expediente se trasladó a la COTUR, que autorizó el camping en 1999. Posteriormente, en el 2002, se pidió copias de dichos acuerdos, lo que dio lugar a un nuevo expediente de consultas urbanísticas.

El fiscal apunta que, según un oficio de septiembre del 2007, la demolición del chalé fue suspendida, «al parecer por error», en el 2002. Aclara que en el oficio «se observa la clara intención de provocar sucesivos trámites que enerven la demolición, provocando procedimientos distintos que obligan a la continua paralización del expediente de origen», hasta el punto de que durante todos estos años «no se instó por las autoridades municipales o concejales» la ejecución del derribo del chalé.
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