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Me pregunto cómo llegaban a fin de mes los funcionarios de Justicia hace apenas dos años, cuando no hacían huelgas. En diciembre del 2005, sindicatos y Ministerio firmaron un acuerdo con un aumento salarial del 19,5% para este maltratado cuerpo funcionarial. Ahora han emprendido una nueva huelga, en este caso salvaje, que ha colapsado la de por sí lenta y burocratizada Justicia: más de 700 juicios suspendidos, 1.700 demandas no iniciadas y 2.500 escritos sin tramitación.

Una proeza amparada en el peligroso argumento de que estos empleados del Estado tienen derecho a percibir lo mismo que el personal transferido a las autonomías, lo que, en un alarde de demagogia similar, es algo así como decir que los jugadores del Logroñés tendrían que cobrar lo mismo que los del Madrid; los periodistas de Nueva Rioja, lo de los de El País; o el presidente de La Rioja, lo mismo que el de España.

Los funcionarios piden 200 euros más al mes y el ministro de Justicia les ha ofrecido 180, pero les parece insuficiente. Todo un ejercicio de solidaridad con el ciudadano: con los inquilinos morosos, que podrán vivir gratis durante años; con los chorizos, que con suerte verán caducados sus delitos; con los separados y divorciados, a los que los funcionarios están dando una generosa segunda oportunidad, incluidos los tan de moda asesinos de parientas...

Y, para terminar, para que las economías de los huelguistas no se vean afectadas por seis semanas de paro, el plan de choque del Ministerio incluye horas extras pagadas a cojón de mico para sacar a la Justicia del atasco que los mismos funcionarios han provocado.

Un ejemplo de conciencia social. Y sindical, ya que, ante la perspectiva de miles de votos en sus elecciones, todas las centrales apoyan la feroz huelga. Eso sí, a la gente que le den o, mejor dicho, que la gente les dé a ellos para ese fondo solidario por los perjuicios económicos de la huelga: además de puta ponga usted la cama. agil@diariolarioja.com