TRIBUNALES
El Ministerio prepara un 'plan de choque' para poner al día la Justicia una vez termine la huelga
El Gobierno incluye en su negociación con los sindicatos la propuesta de horas extras pagadas para solucionar el 'tapón' de casos sin tramitar. Abogados y procuradores tildan de «desastrosa» y «desesperante» la paralización judicial provocada por las protestas de los funcionarios
Nadie sabe cuánto tiempo más durará la huelga que está paralizando la Administración de Justicia riojana. Lo que todos los colectivos de profesionales relacionados con este ámbito sí dan por seguro es que para cuando las protestas de los funcionarios lleguen a su fin el atasco provocado en los juzgados será tal que harán falta medidas extraordinarias para volver en un plazo razonable a la normalidad. Por eso, según desvela el presidente del TSJR, Ignacio Espinosa, el Ministerio está preparando un «plan de choque» que ya se está debatiendo en el contexto de las negociaciones que mantienen Gobierno y trabajadores.
De acuerdo con las informaciones de las que dispone Espinosa, lo más probable es que ese plan de choque consista en «una serie de horas extra pagadas que se trabajarían por las tardes» hasta que la Justicia logre desatascar el 'tapón' de denuncias y juicios pendientes. «Habrá que elevar el ritmo de trabajo al 130% para acabar con ese 30% sobrante de papel acumulado».
Los sindicatos son conscientes de ello y, según apunta Laly Arnella, de Comisiones Obreras, «lo que trataremos de acordar es que sean las personas que han estado en huelga las que, voluntariamente, puedan participar en este plan». De este modo «podrían recuperar parte del dinero que han perdido durante la huelga».
Pero mientras todo esto se concreta, lo cierto es que las dependencias del Palacio de Justicia de La Rioja siguen presentando un fantasmal vacío de actividad.
«Es desesperante», confiesa la decana del Colegio de Abogados, María Victoria de Pablo. «Estamos ante una situación muy complicada, no sólo para nuestro colectivo sino, sobre todo, para los ciudadanos».
En los cajones de los funcionarios en huelga se acumulan, según datos del propio TSJR, 1.645 demandas pendientes de incoar y otros 1.900 escritos judiciales de distinta naturaleza que aún no han comenzado a tramitarse, aparte de los señalamientos de más de 750 juicios que han tenido que ser suspendidos.
Fuentes sindicales aseguran que el problema no es únicamente que no se celebren gran parte de los juicios previstos, sino que no se están tramitando las ejecutorias de las sentencias de los casos juzgados, a no ser que entre en juego la pena de prisión. Así, ni multas, ni responsabilidades civiles ni, por ejemplo, retiradas de permisos de conducir como consecuencia de delitos de tráfico se estarían llevando a efecto.
El abogado Francisco de Pedro reconoce que «nadie esperaba que la huelga durara tanto» y lamenta la situación por la que están pasando algunos de sus clientes, como uno que no consigue cobrar de su denunciado la pensión que le corresponde, u otro que no puede echar de su piso a un inquilino moroso.
«Esto es algo desastroso», atestigua José Toledo, decano del Colegio de Procuradores. Tanto que, en su opinión, «sería equiparable a lo que en otros sectores productivos se denomina 'zona catastrófica'». Además, Toledo recuerda que «los procuradores cobramos por trabajos realizados» y la huelga está mermando o, cuando menos, retrasando sus ingresos.
De acuerdo con las informaciones de las que dispone Espinosa, lo más probable es que ese plan de choque consista en «una serie de horas extra pagadas que se trabajarían por las tardes» hasta que la Justicia logre desatascar el 'tapón' de denuncias y juicios pendientes. «Habrá que elevar el ritmo de trabajo al 130% para acabar con ese 30% sobrante de papel acumulado».
Los sindicatos son conscientes de ello y, según apunta Laly Arnella, de Comisiones Obreras, «lo que trataremos de acordar es que sean las personas que han estado en huelga las que, voluntariamente, puedan participar en este plan». De este modo «podrían recuperar parte del dinero que han perdido durante la huelga».
Pero mientras todo esto se concreta, lo cierto es que las dependencias del Palacio de Justicia de La Rioja siguen presentando un fantasmal vacío de actividad.
«Es desesperante», confiesa la decana del Colegio de Abogados, María Victoria de Pablo. «Estamos ante una situación muy complicada, no sólo para nuestro colectivo sino, sobre todo, para los ciudadanos».
En los cajones de los funcionarios en huelga se acumulan, según datos del propio TSJR, 1.645 demandas pendientes de incoar y otros 1.900 escritos judiciales de distinta naturaleza que aún no han comenzado a tramitarse, aparte de los señalamientos de más de 750 juicios que han tenido que ser suspendidos.
Fuentes sindicales aseguran que el problema no es únicamente que no se celebren gran parte de los juicios previstos, sino que no se están tramitando las ejecutorias de las sentencias de los casos juzgados, a no ser que entre en juego la pena de prisión. Así, ni multas, ni responsabilidades civiles ni, por ejemplo, retiradas de permisos de conducir como consecuencia de delitos de tráfico se estarían llevando a efecto.
El abogado Francisco de Pedro reconoce que «nadie esperaba que la huelga durara tanto» y lamenta la situación por la que están pasando algunos de sus clientes, como uno que no consigue cobrar de su denunciado la pensión que le corresponde, u otro que no puede echar de su piso a un inquilino moroso.
«Esto es algo desastroso», atestigua José Toledo, decano del Colegio de Procuradores. Tanto que, en su opinión, «sería equiparable a lo que en otros sectores productivos se denomina 'zona catastrófica'». Además, Toledo recuerda que «los procuradores cobramos por trabajos realizados» y la huelga está mermando o, cuando menos, retrasando sus ingresos.
