ESPAÑA
El Constitucional acepta la recusación del Gobierno contra dos jueces
El Tribunal se asegura una mayoría de magistrados progresistas para estudiar el recurso del Partido Popular contra la ley de reforma de la institución
13.03.08 -
El Tribunal Constitucional se aseguró ayer que sea una mayoría progresista la que decida si admite o no a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado el verano pasado por el PP contra la ley que reforma la institución y, entre otros puntos, prorroga el mandato de la presidenta hasta que se produzca la renovación de al institución.
El pleno, por seis votos contra dos, decidió ayer aceptar la recusación presentada por el Gobierno contra los magistrados conservadores Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez- Zapata, por considerar que ambos están contaminados para debatir sobre el recurso popular ya que, en junio pasado, se pronunciaron de manera pública contra la reforma legal puesta en cuestión
La recusación fue admitida con los votos de cinco magistrados progresistas y del conservador y presidente accidental Vicente Conde. Los otros dos magistrados conservadores presentes en la discusión -Javier Delgado y Ramón Rodríguez Arribas- se opusieron a la exclusión de sus compañeros y anunciaron la presentación de sendos votos particulares a la resolución. La discusión había quedado paralizada por la campaña electoral.
La Abogacía del Estado, en nombre del Gobierno, recusó en octubre pasado a ambos magistrados por considerar que habían perdido su imparcialidad para discutir el recurso ya que «tomaron postura de forma inequívoca, radical y rotunda» en relación con la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional aprobada en mayo por las Cortes e impugnada en julio por el PP. La Fiscalía apoyó las dos exclusiones.
La razón de las recusaciones fue que García-Calvo y Rodríguez- Zapata escribieron en junio pasado una carta a la presidenta del tribunal, María Emilia Casas, en la que le recordaban, pese a lo dispuesto en el cambio legal, que su mandato y el del vicepresidente habían expirado y que tenían que presentar su dimisión.
En la misiva, que sin éxito quisieron llevar los magistrados al pleno para su discusión y para forzar así las dimisiones, mostraban su «muy profunda discrepancia» con la reforma legal luego recurrida porque les mantenía en sus puestos.
El resto de los magistrados se negó ya entonces a tomar en consideración el contenido de la carta justo para evitar el peligro de contaminación ante un posible recurso posterior, que el Partido Popular acabó por presentar días después.
Durante cinco horas
El pleno, que ayer discutió el asunto durante cinco horas, estuvo compuesto sólo por ocho de los doce magistrados del Constitucional, los justos para garantizar el quórum legal que permite reunirse.
Del tribunal estaban excluidos la presidenta y el vicepresidente -que tuvieron que abstenerse por estar concernidos por la reforma recurrida- y los dos juristas recusados por el Ejecutivo.
El tribunal intentará resolver este recurso en breve porque también considera ilegal el nuevo sistema impuesto por la ley para que el Senado renueve a tres de los magistrados del Constitucional con la participación de los parlamentos regionales.
El asunto debería estar resuelto para cuando se constituya la cámara, ya que sus miembros tienen entre sus asuntos pendientes la renovación de los tres magistrados.
El pleno, por seis votos contra dos, decidió ayer aceptar la recusación presentada por el Gobierno contra los magistrados conservadores Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez- Zapata, por considerar que ambos están contaminados para debatir sobre el recurso popular ya que, en junio pasado, se pronunciaron de manera pública contra la reforma legal puesta en cuestión
La recusación fue admitida con los votos de cinco magistrados progresistas y del conservador y presidente accidental Vicente Conde. Los otros dos magistrados conservadores presentes en la discusión -Javier Delgado y Ramón Rodríguez Arribas- se opusieron a la exclusión de sus compañeros y anunciaron la presentación de sendos votos particulares a la resolución. La discusión había quedado paralizada por la campaña electoral.
La Abogacía del Estado, en nombre del Gobierno, recusó en octubre pasado a ambos magistrados por considerar que habían perdido su imparcialidad para discutir el recurso ya que «tomaron postura de forma inequívoca, radical y rotunda» en relación con la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional aprobada en mayo por las Cortes e impugnada en julio por el PP. La Fiscalía apoyó las dos exclusiones.
La razón de las recusaciones fue que García-Calvo y Rodríguez- Zapata escribieron en junio pasado una carta a la presidenta del tribunal, María Emilia Casas, en la que le recordaban, pese a lo dispuesto en el cambio legal, que su mandato y el del vicepresidente habían expirado y que tenían que presentar su dimisión.
En la misiva, que sin éxito quisieron llevar los magistrados al pleno para su discusión y para forzar así las dimisiones, mostraban su «muy profunda discrepancia» con la reforma legal luego recurrida porque les mantenía en sus puestos.
El resto de los magistrados se negó ya entonces a tomar en consideración el contenido de la carta justo para evitar el peligro de contaminación ante un posible recurso posterior, que el Partido Popular acabó por presentar días después.
Durante cinco horas
El pleno, que ayer discutió el asunto durante cinco horas, estuvo compuesto sólo por ocho de los doce magistrados del Constitucional, los justos para garantizar el quórum legal que permite reunirse.
Del tribunal estaban excluidos la presidenta y el vicepresidente -que tuvieron que abstenerse por estar concernidos por la reforma recurrida- y los dos juristas recusados por el Ejecutivo.
El tribunal intentará resolver este recurso en breve porque también considera ilegal el nuevo sistema impuesto por la ley para que el Senado renueve a tres de los magistrados del Constitucional con la participación de los parlamentos regionales.
El asunto debería estar resuelto para cuando se constituya la cámara, ya que sus miembros tienen entre sus asuntos pendientes la renovación de los tres magistrados.
