El Ejecutivo regional, con el presidente Pedro Sanz al frente, viene insistiendo en que es «fiel» a los regímenes tributarios consagrados por la Constitución pero beligerante frente al uso abusivo de las competencias contemplados en ellos y la «discriminación» que, a su juicio, genera a la hora de que las empresas decidan dónde ubicarse.
Los argumentos jurídicos que lleva hoy a Luxemburgo se basan en los artículos 14 y 31 de la propia Constitución que reconocen la igualdad entre todos los españoles ante la Ley y la obligación general de contribuir de forma igualitaria. Razonamientos que también comparte la Junta de Castilla y León por la misma «competencia desleal».












