Ello supondría, en la práctica, que estas fortunas 'al margen' del control de Hacienda podrían quedar regularizadas en la práctica, al menos en lo que se refiere al citado impuesto de patrimonio. Los dos grandes partidos arguyen que este tributo, de carácter estatal pero con competencias normativas en manos de las comunidades autónomas, es soportado en la actualidad, en su mayor parte, por las llamadas clases medias. El motivo es que las rentas más altas disponen de distintos mecanismos (al menos, no ilegales) para eludir su pago.
Según el Ministerio de Economía y Hacienda, eliminar dicho impuesto supondrá para las comunidades dejar de ingresar entre 1.200 y 1.400 millones por ejercicio, suma por la que serán compensadas. Se calcula que un millón de contribuyentes están obligados a declararlo -con una media de unos 1.500 euros por persona- porque su patrimonio supera los 108.000 euros, una vez excluido el valor de su vivienda habitual (siempre que éste no supere los 150.000 euros). Dentro de ese colectivo, apenas 132 individuos admiten tener bienes por un importe superior a los 30 millones, por los que a su vez abonan a Hacienda casi 42,5 millones anuales, a una media de 322.000 euros por caso.
Esto no es Alemania
A su vez, unos 2.525 ciudadanos admiten de manera oficial un patrimonio neto cuantificado entre 6 y 30 millones de euros, al tiempo que aportan una décima parte de la recaudación de ese tributo. En cuanto a los cálculos de presunta evasión fiscal por tramos, casi una quinta parte (18%) de las personas con bienes valorados entre medio millón y un millón de euros defrauda a Hacienda, mientras que la elusión se eleva al 45% entre quienes disponen de uno a 10 millones.
Para los técnicos de la administración tributaria -colectivo representado por la asociación Gestha-, la actitud del Gobierno respecto a la importancia de la economía sumergida (que representaría el 23% del producto interior bruto frente al 6% de Alemania) contrasta con la acción decidida de este último país contra el fraude.





