El acoso inmobiliario consiste en prácticas que deterioran la vivienda de un inquilino o un propietario -generalmente, personas mayores-, así como en la presión de especuladores para que los afectados abandonen la vivienda, normalmente de renta antigua. «Son una minoría de indeseables, entre la que también hay promotores y constructores sin escrúpulos, que no reparan en el dolor humano de las personas más indefensas, desamparadas y desvalidas», continuó la ministra, que anunció que los ayuntamientos de Valladolid, Murcia, Zamora, Badajoz y Málaga, han mostrado su interés en incorporarse al programa.
El Ministerio pone al servicio de los ayuntamientos un teléfono gratuito (900 900 707) al que cualquier víctima puede llamar.






