TRIBUNA
Elecciones y educación
15.02.08 -
El próximo 9 de marzo estamos convocados a un nuevo proceso electoral general, en el que los españoles tendremos que elegir a nuestros representantes en el Congreso y en el Senado y del que saldrá el Gobierno para los próximos cuatro años. Desde una organización sindical del ámbito educativo como es ANPE, que en su denominación y estatutos proclama su independencia frente a toda opción política, sólo puede propugnar que cada persona, cada docente, sabrá ese día a quién debe votar o no votar una vez conozca el programa electoral de cada partido político que concurra a las elecciones.
Ahora bien, dicho lo anterior, el cheque en blanco que entregamos cada cuatro años al Gobierno de turno no debe impedir la exigencia de lo que esperamos y demandamos al que surja de las urnas en materia de educación, pues sus decisiones marcarán el futuro de ésta durante los próximos cuatro años. Creemos, además, que la sociedad española requiere el compromiso y acuerdo de sus gobernantes, y de todas las fuerzas políticas (principalmente de los dos partidos mayoritarios, al estilo alemán), en los temas más importantes, y la educación es decisiva para el futuro de nuestro país.
Aunando las dos anteriores aspiraciones, desde ANPE estamos clamando desde hace tiempo porque nuestro sistema educativo tenga cohesión y sentido nacional, algo que no se podrá lograr mientras los partidos nacionales, junto a las administraciones autonómicas y fuerzas sociales del mundo de la educación, no vean la necesidad de suscribir y acatar un 'Pacto de Estado por la Educación', ya que ésta ha soportado cinco leyes educativas generales en los últimos veinte años y esta falta de estabilidad se ha traducido en una realidad evidentemente mejorable de nuestro panorama educativo.
Los bajos resultados de los informes internacionales (de los que se salvan pocas administraciones autonómicas), el desfase de niveles educativos y de normativa entre las comunidades autónomas, la legislatura agotada sin que haya habido voluntad de establecer un Estatuto Docente, los conflictos de convivencia (de baja o alta intensidad) a los que se enfrentan a diario miles de profesores, el índice alarmante de fracaso y abandono escolar o la escasa consideración social de la labor del profesorado, constituyen realidades a las cuales deberá responder adecuadamente el próximo gobierno que elijamos los españoles el 9 de marzo.
Por otra parte es preciso un compromiso de aumentar la inversión educativa y, a este respecto, las declaraciones programáticas de los partidos políticos ante las próximas elecciones contemplan la distribución del superávit de la economía española en forma de reducciones de impuestos o devoluciones de tasas. Parece buen momento para exigir, además, un aumento de dicha inversión.
La disminución del gasto público destinado a la educación en los últimos diez años (4,63% del PIB en 1996; 4,47% del PIB en el 2006; 5,5% del PIB de media en los países de la OCDE) es un claro indicador de la escasa importancia que tanto el gobierno actual como los anteriores han otorgado a la educación.
Para ANPE es imprescindible aumentar el gasto público en dos ámbitos fundamentales. En primer lugar, el profesorado, ya que sus retribuciones se separan del nivel europeo a lo largo de la vida profesional. Además, las medidas de apoyo contenidas en la LOE que implican retribución económica siguen sin ponerse en marcha. Sólo se podrá atraer a la enseñanza a los titulados universitarios si se dota a la docencia de la retribución económica adecuada a su relevancia como función social.
En segundo lugar, la enseñanza pública, en la cual debe aumentarse la inversión para que la Enseñanza Secundaria ofrezca alternativas para paliar el fracaso escolar y asegure la preparación de todos, así como para que disminuya de forma general en todos los niveles, desde la Educación Infantil hasta el Bachillerato y Ciclos Formativos, el número de alumnos por clase, aumente el profesorado de refuerzo y se puedan hacer desdobles que garanticen la máxima calidad en la enseñanza de la lengua, las ciencias, los idiomas y las nuevas tecnologías. Igualmente para que se creen y doten de personal las aulas dirigidas para la convivencia en los centros y para que aumente la proporción de aulas de integración y de enlace para facilitar la adaptación del alumnado de origen inmigrante a nuestro sistema educativo.
Por todo ello, ANPE considera imprescindible el compromiso de los partidos que aspiran al gobierno de aumentar el gasto público para educación hasta al menos el 6% del PIB, puesto que la situación financiera del país parece que permite, por las promesas económicas efectuadas, alcanzar dicho nivel de inversión.
Ahora bien, dicho lo anterior, el cheque en blanco que entregamos cada cuatro años al Gobierno de turno no debe impedir la exigencia de lo que esperamos y demandamos al que surja de las urnas en materia de educación, pues sus decisiones marcarán el futuro de ésta durante los próximos cuatro años. Creemos, además, que la sociedad española requiere el compromiso y acuerdo de sus gobernantes, y de todas las fuerzas políticas (principalmente de los dos partidos mayoritarios, al estilo alemán), en los temas más importantes, y la educación es decisiva para el futuro de nuestro país.
Aunando las dos anteriores aspiraciones, desde ANPE estamos clamando desde hace tiempo porque nuestro sistema educativo tenga cohesión y sentido nacional, algo que no se podrá lograr mientras los partidos nacionales, junto a las administraciones autonómicas y fuerzas sociales del mundo de la educación, no vean la necesidad de suscribir y acatar un 'Pacto de Estado por la Educación', ya que ésta ha soportado cinco leyes educativas generales en los últimos veinte años y esta falta de estabilidad se ha traducido en una realidad evidentemente mejorable de nuestro panorama educativo.
Los bajos resultados de los informes internacionales (de los que se salvan pocas administraciones autonómicas), el desfase de niveles educativos y de normativa entre las comunidades autónomas, la legislatura agotada sin que haya habido voluntad de establecer un Estatuto Docente, los conflictos de convivencia (de baja o alta intensidad) a los que se enfrentan a diario miles de profesores, el índice alarmante de fracaso y abandono escolar o la escasa consideración social de la labor del profesorado, constituyen realidades a las cuales deberá responder adecuadamente el próximo gobierno que elijamos los españoles el 9 de marzo.
Por otra parte es preciso un compromiso de aumentar la inversión educativa y, a este respecto, las declaraciones programáticas de los partidos políticos ante las próximas elecciones contemplan la distribución del superávit de la economía española en forma de reducciones de impuestos o devoluciones de tasas. Parece buen momento para exigir, además, un aumento de dicha inversión.
La disminución del gasto público destinado a la educación en los últimos diez años (4,63% del PIB en 1996; 4,47% del PIB en el 2006; 5,5% del PIB de media en los países de la OCDE) es un claro indicador de la escasa importancia que tanto el gobierno actual como los anteriores han otorgado a la educación.
Para ANPE es imprescindible aumentar el gasto público en dos ámbitos fundamentales. En primer lugar, el profesorado, ya que sus retribuciones se separan del nivel europeo a lo largo de la vida profesional. Además, las medidas de apoyo contenidas en la LOE que implican retribución económica siguen sin ponerse en marcha. Sólo se podrá atraer a la enseñanza a los titulados universitarios si se dota a la docencia de la retribución económica adecuada a su relevancia como función social.
En segundo lugar, la enseñanza pública, en la cual debe aumentarse la inversión para que la Enseñanza Secundaria ofrezca alternativas para paliar el fracaso escolar y asegure la preparación de todos, así como para que disminuya de forma general en todos los niveles, desde la Educación Infantil hasta el Bachillerato y Ciclos Formativos, el número de alumnos por clase, aumente el profesorado de refuerzo y se puedan hacer desdobles que garanticen la máxima calidad en la enseñanza de la lengua, las ciencias, los idiomas y las nuevas tecnologías. Igualmente para que se creen y doten de personal las aulas dirigidas para la convivencia en los centros y para que aumente la proporción de aulas de integración y de enlace para facilitar la adaptación del alumnado de origen inmigrante a nuestro sistema educativo.
Por todo ello, ANPE considera imprescindible el compromiso de los partidos que aspiran al gobierno de aumentar el gasto público para educación hasta al menos el 6% del PIB, puesto que la situación financiera del país parece que permite, por las promesas económicas efectuadas, alcanzar dicho nivel de inversión.
