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La decisión del PP de aceptar la emisión en la Academia de Televisión de los dos debates que mantendrán José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy durante la campaña electoral debe conducir al definitivo desbloqueo de las negociaciones y a la recuperación, en consecuencia, de un cara a cara siempre estimulante ante la inminencia de una cita con las urnas tan relevante. El acuerdo alcanzado, que sitúa la cita en un escenario neutro desde el que se suministrará una única señal para todas las cadenas, constituye un ejercicio de coherencia y compromiso democráticos que no puede sufrir menoscabo alguno en los contactos que se iniciarán ahora para cerrar la organización del duelo dialéctico. El hecho mismo de que ésta haya sido, finalmente, la solución pactada demuestra que era la más conveniente para superar las irreconciliables diferencias existentes entre ambas formaciones sobre la idoneidad de las distintas operadoras, garantizando el acceso en igualdad de condiciones para todas ellas y el derecho del electorado a formar su parecer de manera más contrastada. El consenso no sólo supone cesiones para los dos contendientes. También confronta los intereses de las cadenas ante una retransmisión en la que no disfrutarán de la exclusiva con su responsabilidad en la conformación de la opinión pública en una sociedad democrática como la española, que no asistía a un enfrentamiento televisivo de este realce desde 1993.

La importancia del acuerdo logrado por socialistas y populares no disipa, sin embargo, la impresión de que unos y otros han intensificado la diatriba sobre los debates aun cuando la celebración de los mismos parecía poco menos que inevitable no sólo porque los sondeos vengan pronosticando una reñida pugna por la victoria electoral, sino, precisamente, por la intensidad que habían adquirido las propias negociaciones. Ni el partido en el Gobierno ni el líder de la oposición podían permitirse la frustración que habría supuesto la imposibilidad de celebrar los cara a cara, una vez que ambos se habían comprometido a promoverlos en aras al interés de la ciudadanía y ante las dificultades para ofrecer explicaciones creíbles a la posible falta de acuerdo. De ahí que la sensación que queda en el ambiente es que el debate sobre los debates se había convertido en un nuevo instrumento para azuzar la controversia. Y por ello resulta tan reveladora la sinceridad con la que el presidente del Gobierno ha admitido, creyendo que su micrófono estaba cerrado, que conviene a sus objetivos que exista «tensión» a fin de movilizar el voto socialista. Ante la tentación de considerar que la mera celebración de los debates constituye un gesto capaz de amortiguar los excesos que puedan cometerse de aquí al 9-M, tanto Rodríguez Zapatero como Rajoy están obligados a esforzarse para que su duelo televisivo no suponga una insatisfactoria reedición de los planteamientos que más polarizan a sus respectivos electorados.