
El acto, atípico por el diálogo establecido entre el invitado y el foro, contó con unos 2.500 asistentes, llegados de todas las comunidades, que abarrotaron el salón, las escaleras y parte de los pasillos del Palacio de Congresos de Madrid. Granado, lejos de recibir halagos sobre su gestión, pese a «haber aumentado en la presente legislatura el gasto en pensiones en 25.000 millones de euros», según dijo, escuchó más de una recriminación, sobre todo cuando explicó que «las actuales pensiones no las paga el Gobierno sino los 20 millones de trabajadores que cotizan».
Desde la tribuna de oradores aguantó las críticas e invitó a acercarse a él a todos cuantos quisieran alguna aclaración. «Estoy a su disposición», recalcó. Así, al terminar el congreso, decenas de personas subieron al escenario. Granado respondió uno a uno a los jubilados. Al final, la mayoría de los asistentes abandonaron satisfecho el Palacio.
1.300.000 prejubilados
Por su parte, CEPYP reivindicó prioritariamente una pensión de viudedad que suponga, al menos el 70% de la prestación que recibiría el fallecido, actualización al cien por cien al cumplir los 65 años de las prejubilaciones y jubilaciones anticipadas, y representatividad institucional en las mesas de diálogo social (ámbito de debate y negociación entre Gobierno, y patronales y sindicatos más representativos) y en el Consejo Económico y Social. La Confederación calcula que el total de prejubilados ronda las 1.300.000 personas.
Granado se detuvo en la segunda reivindicación y se comprometió «bajo el valor de mi palabra» a resolverla en la siguiente legislatura. Esta demanda, una de las mayores protestas de CEPYP, tiene su origen en la escasa subida (entre 36 y 63 euros al mes, en función de la edad) de las prestaciones que, a partir del 1 de enero del 2008, reciben los mayores de 60 años retirados obligatoriamente de su empleo antes del 2002. Se trata de un colectivo con coeficientes reductores por su retiro anticipado mayor que el aplicado a partir de esa fecha. El secretario de Estado resaltó que efectivamente la subida supone un importe muy pequeño pero «es lo único hecho hasta ahora por un gobierno».
En cuanto a la promesa de un complemento de solidaridad, se trataría de 1.400 euros al año para ayudar al mantenimiento de la vivienda y a otras necesidades básicas.






