
Los dirigentes del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) Sonia Jacinto y Jesús María Aguirre, detenidos en la misma redada del lunes, podrán salir de la cárcel si abonan sendas fianzas de 50.000 euros. El magistrado les acusa de colaboración con banda armada y asociación ilícita. José Juan Ibaceta, ex concejal de Euskal Herritarrok, ilegalizada franquicia de Batasuna y detenido junto a los anteriores, deberá abonar una caución de 60.000 euros para evitar su encarcelamiento, acusado de pertenencia a banda armada.
Tras tomarles declaración a lo largo del día, el instructor concluye que todos los arrestados trataron de resucitar la ilegal Batasuna. Además, según el magistrado, los detenidos esta semana, junto a los otros imputados en este sumario, «han intentado reconstruir el frente político de ETA y asumir el referente político de la banda». Todo ello, a través de la «nítida instrumentalización» del PCTV y de ANV. Además, sostiene, todo el viejo aparato político de ETA, EKIN, ahora se ha integrado en Batasuna.
Para el juez, esta «instrumentalización» de los dos partidos ahora suspendidos cautelarmente «se torna especialmente evidente» en el «vaciamiento de las cuentas» del PCTV a favor de Batasuna. Según los informes de la Unidad Central de Información de la Policía, el partido sufrió una «descapitalización fraudulenta» para entregar cerca de 800.000 euros a personas del entorno de la coalición ilegalizada.
Aumento en las fianzas
Horas antes de que Baltasar Garzón mandara a la cárcel a la nueva cúpula 'abertzale', la Fiscalía de la Audiencia Nacional había pedido el ingreso en prisión, bajo la acusación de pertenencia a ETA, de 12 de los nuevos dirigentes. Para el resto propuso fianzas de entre 20.000 y 30.000 euros. El juez sólo atendió parcialmente la reclamación del Ministerio Público porque impuso una fianza a Juan José Ibaceta y, sin embargo, aumentó de manera sustancial las cauciones pedidas por el fiscal.
El juez Garzón suspendió el viernes pasado todas las actividades de estos dos partidos por considerar que han sido el instrumento de ETA para obtener representación institucional (autonómica y municipal) tras la ilegalización de Batasuna y el canal para financiar con las subvenciones y ayudas públicas la estructura clandestina del partido proscrito en el 2003 y a los dirigentes de su 'frente político'.
Los abogados de ANV y PCTV reclamaron ayer a Garzón que revoque esta grave medida cautelar y le adelantaron que en caso de no aceptar el recurso reiterarán idéntica reclamación en los próximos días ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Refundación
El juez considera que los 11 encarcelados, que se negaron a declarar en la Audiencia Nacional, y otros dirigentes ya imputados en este sumario habían sustituido en diciembre pasado al frente del partido ilegalizado a Joseba Permach y a los otros 23 dirigentes -el núcleo central de la Mesa Nacional- encarcelados en el 2007, en especial como consecuencia de la redada policial del 4 de octubre en Segura (Guipúzcoa). El magistrado imputa a los 11 encarcelados un delito de pertenencia a la organización terrorista ETA-Batasuna y considera que tienen que ser encarcelados por haber incurrido en una reiteración delictiva, por el alto riesgo de fuga y de obstrucción a la labor judicial, y por la gravedad del delito de que se les acusa.
Los 11 imputados que ayer entraron en prisión son los veteranos dirigentes Karmelo Landa, Eusebio Lasa, Aitor Aranzabal, Mikel Etxaburu y Karmele Aierbe; el ex concejal donostiarra del partido ilegalizado Iñigo Balda; el ex dirigente de Jarrai y también procesado en el sumario de Udalbiltza-Kursaal (asamblea de cargos públicos de Batasuna) José María Jurado, y los dirigentes de EKIN -el disuelto 'frente político y social' de ETA- Nuria Alzugaray y Mikel Garaiondo.
El encarcelamiento de este grupo eleva a 35 el número de miembros de las últimas dos direcciones de Batasuna -las elegidas desde marzo del 2006- que se encuentran en prisión y aborta la refundación del partido ilegal que iniciaron poco antes de las pasadas navidades. La dirección del partido ilegalizado sólo tendría en libertad a un puñado de miembros, entre ellos destacan la abogada Jone Goirizelaia, que hoy defendió a varios de los detenidos.






