En el caso español, los autores del estudio justifican su descenso en la clasificación (en el 2007 cayó al puesto 35, empujado en gran medida por la desconfianza de los propios inversores europeos) en factores que podrían considerarse 'políticos' y de carácter estructural. Entre estos citan la ausencia de un régimen fiscal predecible -«demasiados» cambios parciales y 'baile' de nuevas propuestas para el futuro, arguyen los expertos-, la falta real de igualdad de condiciones entre empresas nacionales y extranjeras y la aparente intervención estatal en algunos casos, el más sonado el de las opas sobre la eléctrica Endesa.
Desde AT Kearney explican que «a los inversores les gustan los mercados predecibles, donde las empresas extranjeras sean tratadas de igual a igual con las del propio país y en las que no haya sorpresas desagradables». Estas, a su vez, han ido acompañadas en España de otros factores coyunturales negativos, como el «desinflado» de la llamada burbuja inmobiliaria, la elevada tasa de inflación y el bajo nivel de competitividad. Por último, también ha jugado en contra el hecho de que la economía española está ya «madura» y es una exportadora neta de capital, de modo que los países emergentes y en vías de desarrollo han ido ocupando su lugar en las preferencias.






