La resolución judicial establece como probados los hechos relatados por el jurado popular que declaró culpable al acusado, considerando que el inculpado sometía a su pareja, A. G. B., de 18 años, a «continuas agresiones e insultos y amenazas» y que en la noche del 27 de noviembre del 2004, cogió un cuchillo y le asestó 21 puñaladas «con la intención de acabar con su vida». De esta manera, el juez indica que el ahora condenado «causó deliberadamente males innecesarios a la víctima dándole las 21 puñaladas en vida», circunstancia que, según la sentencia, «provocó un aumento de sufrimiento». El Ministerio Público reclamaba 25 años de prisión por asesinato y tres por malos tratos, mientras que la defensa solicitaba una pena de 22 años.






