
La sala, antes de decidir el futuro del proceso, quiere conocer la sentencia del Tribunal Supremo sobre el denominado 'caso Atutxa' y su doctrina sobre si es posible mantener un juicio impulsado sólo por acusaciones populares, sin que haya imputaciones de la Fiscalía ni de perjudicados directos (acusaciones particulares). Esa es la situación de los cuatro mandos policiales acusados en el denominado 'caso del ácido bórico', sustancia química de la que algunos peritos aseguraron que vinculaba a ETA con los islamistas responsables del 11-M. Al iniciarse ayer la vista, y como cuestión previa a la celebración del juicio, el fiscal y el abogado del Estado reiteraron que no acusarán a los agentes, que deben hacer frente a cargos presentados sólo por tres acusaciones populares: la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y el sindicato Manos Limpias.
La Fiscalía, el abogado del Estado y el defensor de la cúpula de la Policía Científica pidieron ayer el archivo inmediato de la causa en virtud de la doctrina con la que el Supremo archivó la investigación sobre las cesiones de créditos del Banco de Santander y absolvió a su presidente, Emilio Botín, al considerar que la acusación popular no es sustento suficiente para mantener vivo el proceso después de que la acusación particular y el Ministerio Público renunciaran a defender su acusación.
Tras un debate de más de una hora, el presidente del tribunal madrileño, Alberto Barreiro, pospuso el juicio al considerar «totalmente imprescindible» y de «suma relevancia» conocer la «fundamentación jurídica» de la sentencia que condenó al ex presidente de la cámara de Vitoria.






