EDITORIAL
Prohibición sentenciada
09.02.08 -
El doble proceso abierto en la Audiencia Nacional y en el Supremo para dejar fuera de la ley al PCTV y ANV desembocó ayer en una decisión coincidente, por la que tanto el juez Baltasar Garzón como el Alto Tribunal prohíben la concurrencia de los aneuvistas a las elecciones del 9-M y ordenan suprimir toda financiación pública que reciban ambos partidos. Las dos resoluciones resultan coherentes jurídica y penalmente con la gravedad de la presunta actividad delictiva que se persigue, que no es otra que la instrumentalización por parte de ETA y de Batasuna de las siglas legales de la izquierda abertzale y la puesta al servicio de los intereses del terror de su presencia en las instituciones vascas y navarras. El silencio cómplice con que ANV respondió ayer al atentado perpetrado por la banda etarra contra los juzgados de Bergara añade justificaciones a los resortes movilizados por el Estado de Derecho, a través de la aplicación de las previsiones del Código Penal y de la Ley de Partidos, para impedir la posible continuidad de la actividad delictiva acreditada por firmes indicios probatorios que supondría la presentación de los aneuvistas a los comicios generales.
A la espera de que haga pública su argumentación y aun cuando una vía no repercute sobre la otra, la negativa del Supremo a proceder a la suspensión de actividades de los dos partidos y su contraste con la decisión en sentido contrario acordada por Garzón alimenta negativamente la confusión sembrada ya en la opinión pública por la zigzagueante actuación del Gobierno y de la Fiscalía General. Pero esa disparidad de criterio no puede obviar ni la coincidencia al apartar a ANV de la liza electoral, ni convertirse en un nuevo motivo para el victimismo o las manipuladoras interpretaciones de la izquierda abertzale ante la posición más garantista en la adopción de medidas cautelares por la que parece haberse inclinado el Supremo. Y, sobre todo, no puede enmascarar la realidad verificada por sucesivas sentencias judiciales por la cual se evidencia que, una vez promulgada la Ley de Partidos y adoptadas las primeras resoluciones para restringir sus actividades, las siglas sucesoras de Batasuna no han pretendido, en ningún momento, recuperar la legitimidad a través de su sometimiento a las reglas del Estado de Derecho. Por el contrario, han evidenciado su querencia por la sumisión al dictado de ETA, confirmando con su propia conducta las acusaciones que han sustentado su marginación legal. Lo que resulta ya incomprensible es la fingida ingenuidad con la que el nacionalismo gobernante insiste en solidarizarse con las siglas puestas fuera de circulación, deplorando que una parte de la sociedad quede excluida de la participación política cuando no es cierto. Porque a lo que venimos asistiendo es a una autoexclusión por la que la izquierda abertzale volverá a enrocarse en el voto nulo dado que ni quiere ni puede romper abiertamente con el terror de ETA.
A la espera de que haga pública su argumentación y aun cuando una vía no repercute sobre la otra, la negativa del Supremo a proceder a la suspensión de actividades de los dos partidos y su contraste con la decisión en sentido contrario acordada por Garzón alimenta negativamente la confusión sembrada ya en la opinión pública por la zigzagueante actuación del Gobierno y de la Fiscalía General. Pero esa disparidad de criterio no puede obviar ni la coincidencia al apartar a ANV de la liza electoral, ni convertirse en un nuevo motivo para el victimismo o las manipuladoras interpretaciones de la izquierda abertzale ante la posición más garantista en la adopción de medidas cautelares por la que parece haberse inclinado el Supremo. Y, sobre todo, no puede enmascarar la realidad verificada por sucesivas sentencias judiciales por la cual se evidencia que, una vez promulgada la Ley de Partidos y adoptadas las primeras resoluciones para restringir sus actividades, las siglas sucesoras de Batasuna no han pretendido, en ningún momento, recuperar la legitimidad a través de su sometimiento a las reglas del Estado de Derecho. Por el contrario, han evidenciado su querencia por la sumisión al dictado de ETA, confirmando con su propia conducta las acusaciones que han sustentado su marginación legal. Lo que resulta ya incomprensible es la fingida ingenuidad con la que el nacionalismo gobernante insiste en solidarizarse con las siglas puestas fuera de circulación, deplorando que una parte de la sociedad quede excluida de la participación política cuando no es cierto. Porque a lo que venimos asistiendo es a una autoexclusión por la que la izquierda abertzale volverá a enrocarse en el voto nulo dado que ni quiere ni puede romper abiertamente con el terror de ETA.
