
Era un secreto a voces, pero esta ratificación oficial ha dado pie al arranque de la estrategia defensiva de la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán. Los administradores de Iberdrola ya no soportan al enemigo en casa, y han requerido a la Comisión Nacional de la Energía para que revoque el permiso concedido a la empresa constructora y de servicios para aumentar su participación hasta el 24,9%.
También le exige que limite al 3%, sin ninguna excepción, los derechos de voto de la empresa que preside Florentino Pérez. El 15 de febrero del 2007, el consejo de la CNE acordó permitir a la constructora votar en las juntas de accionistas de Iberdrola en función de su participación, aunque le vetó tomar posiciones en aspectos relativos a la estrategia competitiva de la eléctrica. No obstante, los estatutos de la eléctrica incluyen un blindaje que limita el ejercicio de los derechos políticos de los accionistas a un máximo del 10%.
ACS es dueña de poco más del 12% de Iberdrola, si bien posee el 7,7% de forma directa y el resto a través de derivados, y no ha podido acceder a un asiento en el consejo. En noviembre del 2006, la Comisión Nacional de la Energía autorizó a este grupo a incrementar su participación hasta el 24,9% -el límite entonces vigente para no incurrir en la obligación de lanzar una opa- si bien condicionó este permiso a una serie de requisitos. Le exigió aceptar que el destino preferente de las inversiones fueran actividades reguladas, así como la comunicación inmediata de cambios relevantes.
Una vez confirmado que ACS ha sido interlocutor de la francesa EDF, Iberdrola se ha reafirmado en sus posiciones iniciales, porque siempre se opuso a que se reconocieran los derechos políticos de la participación del grupo constructor y de servicios, dueño a su vez del 45% de Unión Fenosa, uno de sus principales competidores.
Nucleo accionarial
Iberdrola considera que las conversaciones entre ACS y EDF son contrarias a los objetivos manifestados en su día por la constructora para entrar en la eléctrica e invalidan los permisos que le dio la Comisión Nacional de la Energía sobre su participación y los derechos de voto.
Según explican desde Iberdrola , cuando ACS solicitó al regulador energético las autorizaciones pertinentes para ser accionista argumentó que el objetivo «estratégico» de la operación era constituir un núcleo accionarial «estable» y «de carácter nacional». Asimismo, ACS indicó que respaldaba «plenamente la gestión que realiza su equipo directivo, encabezado por su presidente» y entraba en la compañía con «vocación de permanencia» y «sin adquirir una influencia decisiva o de control».
Iberdrola entiende que el mantenimiento de estos objetivos constituye un presupuesto para la vigencia de las autorizaciones de la CNE, ya que el organismo tuvo en cuenta estas intenciones en sus expedientes, y, una vez constatadas las conversaciones con la eléctrica francesa, la finalidad esgrimida en su día ha dejado de existir.
La eléctrica que preside Sánchez Galán pide igualmente al regulador que adopte medidas provisionales para prohibir a ACS la compra directa o indirecta de participaciones de su capital que excedan del 10% o le permitan ejercer una influencia decisiva en la compañía.
Defensa
Las apuestas del mercado apuntan también a que Iberdrola podría articular su defensa con el apoyo de otra compañía española del sector energético. Entre los pocos agentes de este segmento, el foco se ha puesto en Gas Natural, protagonista de dos intentos abortados de hacerse con empresas eléctricas, Iberdrola primero y Endesa después.
El presidente de Criteria, la corporación que aglutina las participaciones industriales de La Caixa -Gas Natural entre ellas- aseguró que no se han mantenido contactos con EDF para invertir en Iberdrola. Se curó en salud, no obstante, asegurando que en estas situaciones todos hablan con todos.
Tampoco puso reparos a la nacionalidad francesa del grupo eléctrico dispuesto a la conquista. «Desde un punto de vista puramente empresarial -declaró- pienso que no debe objetarse que una empresa, sea pública o privada, se introduzca en otro país», comentó. Y matizó que «debe ser decisión del Gobierno si acepta o rechaza su presencia».






