Admitido a trámite el recurso de segregación de Rincón de Olivedo

La comisión promotora de la independencia de Rincón de Olivedo anunció el viernes el acuerdo del Tribunal Supremo por el que se admite a trámite el recurso presentado hace dos años contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja del 25 de mayo del 2005.

En aquel fallo se daba la razón al Gobierno regional en su decisión de denegar la segregación de Rincón de Olivedo respecto al municipio de Cervera del Río Alhama. El Consejo de Gobierno de La Rioja había denegado la propuesta de la comisión el 16 de agosto del 2004.

El abogado de los segregacionistas, Manuel Peña Achurra, recibió la notificación de la admisión a trámite del recurso el día 23 de enero por parte de la sala de lo contencioso-administrativo, sección primera del Tribunal Supremo. Achurra asegura que se trata de una buena noticia para los intereses de la comisión porque tan sólo un diez por ciento de los casos son admitidos.

Por su parte, la presidenta de los segregacionistas, María Angeles Díez Forcada, declaró que ha sido un gran paso y que la intención de la comisión es llegar hasta el final. Asimismo, espera que el juicio que se celebre en Madrid no tarde dos años como esta decisión del Tribunal Supremo.

Independencia

Lo que busca la comisión promotora de la segregación desde el año 1993 es tener un Ayuntamiento propio que gestione los recursos de Rincón de Olivedo. Es decir, que el pueblo se constituya en municipio y no dependa del Ayuntamiento de Cervera.

Con este objetivo realizaron a principios de los noventa una consulta popular y un expediente de segregación e iniciaron los trámites para llevarlo a cabo según la Ley de Régimen Local de La Rioja del 22 de septiembre de 1993.

Durante estos casi quince años han recorrido diversos tribunales hasta llegar a Madrid. En numerosas ocasiones, los independentistas se han quejado por la lentitud del proceso y por las trabas que les han impuesto. Además, afirman que «el Gobierno regional creó hace unos años una ley a la carta en contra de nuestros intereses», por eso lo que ahora quieren es que se basen en la ley de 1993 en la que cumplía todo lo requerido excepto el consenso territorial.