La medida deriva de una reciente sentencia del Tribunal Supremo dictada a instancias de la Federación Gallega de Municipios de Provincias (FEGAMP), que reclamaba la posibilidad catastral por parte de los ayuntamientos de percibir el IBI por los parques eólicos instalados en su territorio. La institución denunciaba la «discriminación fiscal y desigualdad constitucional» que suponía, hasta ahora, excluir este tipo de infraestructuras de la categoría de bienes inmuebles de carácter especial que son los que deben pagar contribución.
A efectos prácticos, la medida supone que las instalaciones renovables que antes no tributaban o apenas lo hacían como bien urbano, pasarán a hacerlo entre el 0,6 y el 1,3 por ciento en concepto de IBI. En otras palabras: se triplicará este gravamen con la consiguiente mejora de los ingresos municipales por esta vía.
Mejoras
En La Rioja, la medida beneficiará a los 23 municipios en los que se asientan algunos de los parques eólicos ya en marcha: Alfaro, Autol, Grávalos, Quel, Arnedillo, Ocón, Robres, Villarroya, Herce, Bergasa, Bergasillas, Cervera, Igea, Valdemadera, Cornago, Pradejón, Calahorra, Préjano, Enciso, Munilla, Zarzosa, Hornillos y Ajamil. No obstante, aún es difícil concretar la cifra que percibirán. Todo dependerá de la valoración catastral y la base imponible que se aplique a los diferentes tipos de aerogeneradores. La nueva legislación fiscal permitirá además fijar impuestos sobre la maquinaria aledaña a los parques eólicos como subestaciones, oficinas, despachos de medición de viento, etcétera. Según las fuentes consultadas, la recaudación por esta vía podría representar en torno a 100.000 euros por 50 molinos estándar.
Hasta ahora, la principal contraprestación para los ayuntamientos conveniados con las firmas eléctricas deriva de los aerogeneradores y está ligada al nivel de producción energética de éstos. Ingresos que, en pueblos pequeños, supone una importantísima parte del presupuesto municipal.












