larioja.com

La obligación de tributar por el IBI a los pequeños municipios donde ubican sus parques eólicos hermana a las compañías eléctricas con las concesionarias de autopistas. Como Quijotes contra los molinos tuvieron que luchar un puñado de pequeños municipios riojanos, convencidos de que la empresa que gestiona la AP-68 debía abonar la parte correspondiente de ese impuesto sobre bienes inmuebles, en función del terreno que ocupan y del valor que tuvieran las fincas por donde cruzaba la autopista.

Fue una lucha planteada por un experto jurídico, José Luis Alonso Tejada, desde el Ayuntamiento de Cenicero, cuya secretaría ejerce. Analizando la devolución del Impuesto de Actividades Económicas, Alonso descubrió que la misma bonificación de la que disfrutaban las cooperativas (el 95%) también la tenían otras empresas, como las concesionaria de las autopistas, en el IBI. Alonso concluyó que los ayuntamientos no recibían el pago de una cantidad que les correspondía porque el Estado había decidido bonificar a las autopistas de peaje con esa exención.

Junto al catedrático Germán Orón y la letrada Amelia Vallejo, apoyado por el Consistorio cenicerense, se puso manos a la obra. Una pequeña localidad se querellaba contra la todopoderosa Administración central. Con éxito. En el 2002, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenó a Hacienda al pago de 300.000 euros y le hizo pagar las costas y los intereses de demora de la deuda. El Supremo no admitió los recursos de casación y el Ayuntamiento de Cenicero empezó a ser compensado porque la AP-68 atravesase su término municipal, convirtiéndose en la primera localidad española en lograrlo.

Posteriormente, el municipio del Ebro ha ido ganando uno tras y uno cada caso dilucidado en los tribunales. Su ejemplo abrió un camino a otros muchos ayuntamientos, no sólo riojanos, que a su estela han conocido un modo para superar los problemas de caja.