La CPAR ha exigido hoy al presidente del Gobierno riojano, Pedro Sanz Alonso, "transparencia" y que cualquier propuesta de ecociudad se haga dentro del Plan General de Logroño para evitar "amiguismo, especulación, paro y desplazamientos fuera de la ciudad a más de cinco mil personas".
La Asociación de Empresarios de Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR), en un comunicado, ha añadido que exige que cualquier propuesta residencial en Logroño, sea la ecociudad u otras, se desarrolle dentro del Plan General Municipal de la ciudad, ya calificado, y no en otros suelos de municipios limítrofes.
Ha precisado que si se produjera en otros suelos de municipios limítrofes produciría desplazamientos "masivos" de los ciudadanos a esas zonas, provocaría "especulación" y contribuiría al trato "privilegiado" y de "amiguismo" del Gobierno de La Rioja y de su presidente.
"Los ciudadanos quieren vivir en Logroño, con las posibilidades que ya contempla el Plan General Municipal, y no tener que desplazarse a otras zonas residenciales alejadas de la ciudad", lo que provocaría, por ejemplo, el uso del vehículos particulares y atascos, ha subrayado esta Asociación.
Se ha preguntado si es ésta la medida ecológica que propone el presidente del Gobierno regional y si es éste el crecimiento natural de la ciudad de Logroño.
Cree que el no desarrollo del Plan General Municipal provocaría paro en el "principal" motor de actividad económica de La Rioja, en un momento de desaceleración económica, lo que supondría un futuro de "incertidumbre" para muchas familias que, directa o indirectamente, viven de la actividad constructora y promotora.
"¿Detrás de esta pretensión del Gobierno y de su presidente hay intereses sólo particulares, de amiguismo y de trato privilegiado?. En ningún caso responde esta propuesta residencial al interés general de los ciudadanos y de la sociedad", ha precisado.
La CPAR ha afirmado que "los intereses particulares auspiciados por el Gobierno y su presidente ya han salido a toque de corneta y nada tienen que ver con los intereses de la sociedad y de los posibles usuarios, ni con los intereses del sector y sus empleados que, debido a irresponsables acciones como esta, pueden verse irremediablemente en el paro".
Ha añadido que "si esto ocurre, que cada uno asuma sus responsabilidad, señor presidente".
Esa propuesta "desprecia" el interés general de los ciudadanos, ha indicado la CPAR, entidad que "no quiere ni pensar en la posibilidad de que se apruebe una propuesta de ecociudad sobre suelo rústico porque, además de ser una ilegalidad urbanística en contra de la Ley del Suelo, provocaría la especulación en unas parcelas con especial protección".
Ha insistido en que lo que el sector quiere es desarrollar, "de una vez por todas", el Plan General de Logroño, ya calificado por el anterior Ayuntamiento, "sin otro tipo de aventuras".
Para ello, exige que se pongan de acuerdo el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño para desarrollar este Plan y que se puedan ejecutar todas las viviendas de protección pública que demanda la sociedad logroñesa y que los constructores-promotores desean realizar.
La estrategia elaborada por el Gobierno de La Rioja y su presidente consiste, ha dicho, en "enfrentar al sector de la construcción-promoción, que es el motor del empleo y de la economía riojana".
Ha detallado que Sanz Alonso llamó "expresamente" a las empresas privadas que consideró conveniente para informarles "personalmente" de su propuesta de ecociudad, "contribuyendo al oscurantismo de esta iniciativa, al trato privilegiado y de amiguismo con que ha llevado a cabo toda esta iniciativa".
La CPAR exige a Sanz Alonso y a su Gobierno que dote su propuesta de ecociudad de la "transparencia" necesaria, "desvelando los nombres de las empresas a las que ha dado un trato privilegiado y clientelista"; y solicita que haga públicos para el conjunto del sector los criterios sobre los que se sustenta su iniciativa.
También ha concretado que la presentación del proyecto a la CPAR consistió "exclusivamente" en la entrega de un "planfleto" de dos hojas grapadas, que no concretan aspectos técnicos ni plazos ni ubicación ni procedimiento administrativo aplicable; y de las que es "imposible" que se derive algún proyecto "concreto y serio".