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La aparición de nuevas formaciones políticas debería ser saludada como una oportunidad de enriquecer el pluralismo del sistema español, en el que los nacionalistas cabalgan a su anchas y son los únicos capaces de alterar una bipolarización política de facto. Bienvenidas sean, ya sólo porque alguien todavía siga dispuesto a cantarles las cuarenta a los políticos que han desacreditado un parte esencial de la democracia. Qué suerte que aún tengamos personas en este país con sentido de la responsabilidad y del compromiso.

Ejemplo de ello es Ciutadans en Cataluña, un soplo de aire fresco y alentador para una comunidad en la que cada vez es más patente el dramático divorcio entre los ciudadanos y la clase política tradicional.

El último proyecto, surgido con ambición de calar en el ámbito nacional, es el de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) que la semana pasada celebró un acto de homenaje a la Carta Magna frente al Tribunal Constitucional. Aproximadamente a la misma hora en la que el presidente del Congreso, Manuel Marín, abroncaba a los partidos -entre los que, como siempre, no se encontraban los nacionalistas, salvo CiU- por una legislatura «dura y ruda».

Pues mientras estos se miraban los ombligos, UPyD puso el dedo en la llaga de todos, reclamando la recuperación del el orden constitucional, la separación de poderes y la igualdad entre todos los españoles. Porque es amargo que en España no se hable sólo de jueces, sino de jueces conservadores o progresistas, y que los más altos tribunales o la Fiscalía General del Estado sean miméticos con el Ejecutivo de turno, ajustando a demanda la interpretación de las Leyes.

De ahí, la invitación de UPyD a apuntalar valores de nuestra Constitución con las reformas legales precisas. Una idea que los partidos, ya de derechas ya de izquierdas, deberían abrazar. No lo harán. Que le convenga a España no significa que a ellos les interese.