El único edil de Eusko Alkartasuna en Laguardia, Gregorio López, confirmó ayer que fue una promotora la que fraguó el intento de soborno que sufrió el pasado miércoles. Arropado por los máximos representantes de su partido en la provincia -el secretario de Organización, Rafa Larreina; y el coordinador en Álava, Fernando Velasco- y la alcaldesa de la villa, la peneuvista María Jesús Amelibia, el concejal detalló que nada más serle planteado el soborno «quise saber quién estaba detrás pero esa persona sólo me dijo que era de una promotora», confesó el concejal, que agradeció emocionado el apoyo brindado por su partido, la corporación municipal y su familia. Tampoco faltó el presidente el PNV alavés, Iñaki Gerenabarrena. «He hecho lo que debía y el pueblo me lo está agradeciendo. No tengo miedo a posibles amenazas», agregó.
El protagonista del presunto soborno, un vecino de Logroño encarcelado el jueves en Nanclares, trató de comprar por 90.000 euros el voto de Gregorio López a favor de una iniciativa del PP -empatado a 4 concejales con el PNV- para modificar el proyecto del golf. Y es que, los populares creen que con las 100 casas aprobadas en el plan, tras el último recorte del Gobierno vasco, la construcción no es viable. Abogan por que se edifique el triple de viviendas.
El proyecto del campo de golf ha variado considerablemente desde sus inicios. De los dos millones de metros cuadrados de green y de las 500 viviendas del primer plan se ha pasado al millón de metros de campo de juego y al centenar de casas aprobadas por la actual Corporación tras las modificaciones exigidas por el Ejecutivo autónomo. Ahora, al igual que lo intentaron sin éxito hace más de un año cuando gobernaban en Laguardia, los miembros del Partido Popular insisten en ampliar hasta 320 el número de viviendas. Una iniciativa que decaerá al no contar con el respaldo de los nacionalistas.
Recalificación
La alcaldesa se comprometió ayer a frenar la construcción del golf si todos los propietarios de los terrenos rechazan de «forma unánime» el proyecto, informa la corresponsal de
El Correo
en la localidad, Jaione Coca. De entrada, ya ha solicitado un informe jurídico «para saber cómo perjudicaría al Ayuntamiento el cambio de recalificación del millón de metros cuadrados afectados». En la actualidad, son urbanizables. Y el Consistorio estudia devolver a esas hectáreas su carácter rural, además de compensar a los agricultores. «Pagan la contribución como suelo urbanizable y supone 20 veces más que si fuera rústico. Muchos se enteraron del proyecto cuando vieron el cambio en la contribución y queremos investigar cómo gestionó todo esto el anterior equipo de Gobierno». Amelibia agregó que «ninguna promotora se ha interesado en esta construcción».