ESPAÑA
Destapada una trama de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Madrid
Los 16 empleados públicos detenidos exigían hasta 20.000 euros por resolver en sólo cinco días permisos de apertura de locales. El fraude podría superar los cuatro millones Los investigadores descartan que haya cargos políticos implicados en el caso de corrupción
Agentes trasladan parte del material requisado. / ACERO-EFE
Cobraban hasta 20.000 euros por resolver en sólo cinco días trámites para obtener una licencia de apertura de local, que habitualmente se demora más de dos años. La denominada 'operación Guateque' de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil ha destapado una trama de cobro de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Madrid . 16 personas, la mayoría funcionarios de la Gerencia de Urbanismo y la Concejalía de Medio Ambiente, además de abogados y arquitectos, han sido detenidas hasta el momento. El escándalo no salpica a los responsables políticos del consistorio, que han colaborado en todo momento con la investigación.
Según explicaron mandos del operativo, la red actuaba en tres de los distritos de la capital más comerciales: Chamberí, Centro y San Blas. Un ciudadano al que la trama intentó cobrar la comisión el pasado verano fue el que denunció los hechos a la Comandancia de la Guardia Civil de la localidad de Tres Cantos. Los 'pinchazos' telefónicos a diez de los implicados confirmaron la acusación.
Los funcionarios, la mayoría de larga trayectoria profesional en el ayuntamiento, llevaban dos años trabajando como una «verdadera organización mafiosa». «Si los interesados no pagaban la 'mordida' las solicitudes de apertura de negocios simplemente se traspapelaban o, en el mejor de los casos, eran objeto de continuas inspecciones.
Si había comisión, el comerciante tenía la autorización para abrir en tiempo récord», señala uno de los responsables de la Comandancia del instituto armado de Madrid.
Pero había más: los funcionarios de Medio Ambiente implicados también se dedicaban -por supuesto a cambio de dinero- a archivar las denuncias de los vecinos contra locales que incumplían normativas municipales sobre humos y, especialmente, ruidos. De ahí el nombre de 'operación Guateque'.
Los investigadores, que desde el mes de julio han contado con la ayuda de los responsables del ayuntamiento, tienen pruebas de que los funcionarios corruptos intervinieron en los últimos meses en, al menos, 187 expedientes por los que habrían cobrado cerca de cuatro millones de euros en comisiones ilegales.
Una decena de registros
Los agentes, bajo la supervisión del titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Santiago Torres, llevaron a cabo ayer una decena de registros simultáneos, la mayoría en dependencias de Urbanismo y Vivienda (en el departamento de Zonas Protegidas) y Medio Ambiente y en las sedes de las juntas de distrito de Chamberí, Centro y San Blas. No obstante, también hubo allanamientos en domicilios particulares y despachos de abogados. En los registros de las distintas dependencias del consistorio, los agentes se incautaron de ordenadores, faxes y «abundantísima» documentación (varios miles de folios).
Las pruebas incautadas, sostienen los mandos del operativo, son más que suficientes para acusar formalmente a los implicados de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación administrativa. La Guardia Civil tiene previsto poner a los detenidos a disposición judicial el sábado. El magistrado Torres, entre tanto, ha decretado el secreto del sumario.
El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, explicó ayer que la 'operación Guateque' no tiene relación alguna con la 'operación Malaya' de Marbella. Moix insistió en que la redada de ayer de la Guardia Civil no está dirigida a desarticular una trama de corrupción urbanística como la de la Costa del Sol, sino que sólo afecta a delitos relacionados con el cohecho y no con la planificación del territorio.
Los funcionarios investigados, precisó, se integraban en una «organización con una estabilidad permanente en el tiempo con el propósito de obtener dinero».
Colaboración
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, puso el acento en la colaboración de su consistorio con la investigación. Según el primer edil madrileño, la operación ha tenido «una tramitación conjunta entre el Ayuntamiento de Madrid y el juzgado para determinar a las personas implicadas». «La Guardia Civil y la Policía Municipal han trabajado conjuntamente en los registros y en las detenciones», insistió Alberto Ruiz-Gallardón.
El alcalde explicó que una trama como la destapada ayer «no puede poner en cuestión al resto de los funcionarios municipales que realizan diariamente su trabajo de forma honrada».
El vicealcalde de la capital, Manuel Cobo, recalcó que ningún concejal, alto cargo, director general o personal de libre designación de Medio Ambiente y Urbanismo se ha visto involucrado en la trama desmantelada.
Según explicaron mandos del operativo, la red actuaba en tres de los distritos de la capital más comerciales: Chamberí, Centro y San Blas. Un ciudadano al que la trama intentó cobrar la comisión el pasado verano fue el que denunció los hechos a la Comandancia de la Guardia Civil de la localidad de Tres Cantos. Los 'pinchazos' telefónicos a diez de los implicados confirmaron la acusación.
Los funcionarios, la mayoría de larga trayectoria profesional en el ayuntamiento, llevaban dos años trabajando como una «verdadera organización mafiosa». «Si los interesados no pagaban la 'mordida' las solicitudes de apertura de negocios simplemente se traspapelaban o, en el mejor de los casos, eran objeto de continuas inspecciones.
Si había comisión, el comerciante tenía la autorización para abrir en tiempo récord», señala uno de los responsables de la Comandancia del instituto armado de Madrid.
Pero había más: los funcionarios de Medio Ambiente implicados también se dedicaban -por supuesto a cambio de dinero- a archivar las denuncias de los vecinos contra locales que incumplían normativas municipales sobre humos y, especialmente, ruidos. De ahí el nombre de 'operación Guateque'.
Los investigadores, que desde el mes de julio han contado con la ayuda de los responsables del ayuntamiento, tienen pruebas de que los funcionarios corruptos intervinieron en los últimos meses en, al menos, 187 expedientes por los que habrían cobrado cerca de cuatro millones de euros en comisiones ilegales.
Una decena de registros
Los agentes, bajo la supervisión del titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Santiago Torres, llevaron a cabo ayer una decena de registros simultáneos, la mayoría en dependencias de Urbanismo y Vivienda (en el departamento de Zonas Protegidas) y Medio Ambiente y en las sedes de las juntas de distrito de Chamberí, Centro y San Blas. No obstante, también hubo allanamientos en domicilios particulares y despachos de abogados. En los registros de las distintas dependencias del consistorio, los agentes se incautaron de ordenadores, faxes y «abundantísima» documentación (varios miles de folios).
Las pruebas incautadas, sostienen los mandos del operativo, son más que suficientes para acusar formalmente a los implicados de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación administrativa. La Guardia Civil tiene previsto poner a los detenidos a disposición judicial el sábado. El magistrado Torres, entre tanto, ha decretado el secreto del sumario.
El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, explicó ayer que la 'operación Guateque' no tiene relación alguna con la 'operación Malaya' de Marbella. Moix insistió en que la redada de ayer de la Guardia Civil no está dirigida a desarticular una trama de corrupción urbanística como la de la Costa del Sol, sino que sólo afecta a delitos relacionados con el cohecho y no con la planificación del territorio.
Los funcionarios investigados, precisó, se integraban en una «organización con una estabilidad permanente en el tiempo con el propósito de obtener dinero».
Colaboración
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, puso el acento en la colaboración de su consistorio con la investigación. Según el primer edil madrileño, la operación ha tenido «una tramitación conjunta entre el Ayuntamiento de Madrid y el juzgado para determinar a las personas implicadas». «La Guardia Civil y la Policía Municipal han trabajado conjuntamente en los registros y en las detenciones», insistió Alberto Ruiz-Gallardón.
El alcalde explicó que una trama como la destapada ayer «no puede poner en cuestión al resto de los funcionarios municipales que realizan diariamente su trabajo de forma honrada».
El vicealcalde de la capital, Manuel Cobo, recalcó que ningún concejal, alto cargo, director general o personal de libre designación de Medio Ambiente y Urbanismo se ha visto involucrado en la trama desmantelada.
