La Fiscalía archiva el 'caso Humanismo y Democracia' al no hallar indicios de delito

El fiscal jefe de La Rioja, Juan Calparsoro, ha decidido archivar las diligencias informativas que abrió hace casi un año para investigar supuestas irregularidades cometidas por la oenegé Fundación Humanismo y Democracia, a quien el PSOE riojano atribuía un desvío de dinero injustificado. Calparsoro, según confirmó ayer a este periódico, ha tomado esta determinación «al no poderse comprobar los hechos denunciados».

La Fundación Humanismo y Democracia, vinculada al Partido Popular, es una institución de ámbito nacional sin ánimo de lucro que en La Rioja ha recibido subvenciones por parte del Gobierno regional, dentro del concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo, para llevar a cabo proyectos solidarios en países desfavorecidos. El proyecto que ponía el Partido Socialista en tela de juicio tenía por objeto la realización de cursos de salud hospitalaria en la República Dominicana.

Un año de investigación

La denuncia fue presentada por los socialistas en noviembre del pasado año, al estimar que contaba con documentación suficiente como para demostrar había más de 23.000 euros sin justificar en los expedientes de ese proyecto de la República Dominicana que se llevó a cabo en el 2002.

Los socialistas riojanos aseguraban que el caso que pusieron sobre la mesa del fiscal guardaba un gran paralelismo con otro ya estudiado por la Justicia en Navarra y que acabó con una sentencia que condenó a la oenegé a devolver al Gobierno foral 116.807 euros que recibió de Bienestar Social para un proyecto de mejora de los sistemas de gestión hospitalaria también en la República Dominicana. El juez, en ese caso, consideró que la Fundación incumplió su obligación de justificar el destino de parte de los fondos recibidos (en concreto 60.696 euros).

Sin embargo, el Ministerio Público en La Rioja no ha podido comprobar que aquí haya sucedido nada parecido. En el escrito en el que Juan Calparsoro da por archivado el caso se afirma que «de las actuaciones practicadas por la Fiscalía no se ha podido acreditar la existencia de hechos delictivos como el desvío de parte del dinero concedido a través de la subvención para fines distintos del proyecto subvencionado, con enriquecimiento ilícito por terceras personas o instituciones».