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El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha aumentado en 65.000 euros la indemnización por daños morales que deberá recibir el funcionario de la Consejería de Vivienda que sufrió atribuido al entonces director general Ángel Salinas. Por tanto, deberá recibir 70.000 euros. Según la sentencia, el 16 de noviembre del 2004 la Sala de lo Social del Tribunal de Justicia de La Rioja reconoció como clara una actitud, por parte de Salinas, «dirigida al menoscabo y hostigamiento» del funcionario. El fallo cree probada la existencia de «una transferencia de proyecciones o energías negativas de superior a subordinado, que pone de manifiesto el desplazamiento físico de éste de su despacho individual, acorde con su categoría de jefe de sección, a las dependencias comunes».

La sentencia relata cómo al funcionario se le negó el acceso a expedientes a su cargo, que quedaron bajo la guardia física de una funcionaria de inferior categoría, y la incoación de un expediente disciplinario tras otro por motivos «nimios». Todo esto, añade, con la «connivencia» de sus superiores inmediatos, entre los que nombra al entonces secretario técnico, Antonino Burgos, y a la consejera de Obras Públicas (en aquel momento Aránzazu Vallejo).

«Estamos, indudablemente, ante la figura del acoso laboral, en la terminología actual, ejercido por el superior respecto al subordinado con la única intención de minar psicológicamente al acosado, mediante el empleo de una conducta vejatoria o intimidatoria de carácter injusto», afirma la sentencia.

La Consejería de Vivienda reconoció la existencia de «responsabilidad patrimonial» de la Administración y admitió «parcialmente» la reclamación del funcionario, fijando una indemnización de 9.160,47 euros. De estos, 4.160,47 correspondían a daño material y 5.000 a daño moral. Frente a esto, el funcionario reclamó una indemnización de 145.000 euros por daños morales. El TSJR considera «acertada» la cuantía por los daños materiales «porque la parte no ha realizado ninguna alegación».