El fallo judicial fue firmado el 29 de julio del 2005 y ha puesto en una situación muy complicada tanto al Ayuntamiento como a la promotora y a una gran cantidad de familias. Aproximadamente un centenar de ellas -que se han hipotecado hasta las cejas en la adquisición de estas viviendas y no tienen otro sitio donde ir- han ocupado sus pisos pese a no tener cédula de habitabilidad, convirtiéndose en una especie de 'ilegales' dentro de su casa. Otras 70 -las que firmaron la compra de las viviendas de la IV y última fase- ni siquiera pueden entrar en sus pisos ya que se les niega el alta en los servicios de agua, luz y gas.
La historia de Pilar. Pilar Sancho pertenece al primer grupo de propietarios perjudicados (el que habita en el residencial Olimpo pero de manera irregular). Compró un piso en la fase II del complejo en julio del 2005. Por aquel entonces ya hacía mucho tiempo que existía un recurso presentado en los Juzgados, pero nadie le informó de ello. Cuando firmó las escrituras le advirtieron de que no podría conseguir la cédula de habitabilidad hasta que se terminara de construir la fase IV (para lo que no faltaba mucho), pero le aseguraron que no tendría ningún problema para ir dando de alta el agua, la luz y otros servicios. Así fue. Se mudó a su nuevo piso y pocos meses después una vecina llamó a su puerta muy nerviosa para comunicarle que se había enterado de que una sentencia judicial consideraba ilegal el Residencial Olimpo. La noticia se extendió rápidamente entre todos los vecinos que ya había instalados en las fases I, II y III; a día de hoy siguen sin cédula de habitabilidad, lo que les hace temer por un desalojo.
Historia de María. María Martínez y su marido vendieron su piso de Logroño y compraron un ático en la fase IV en agosto del 2005, ajenos a la sentencia judicial que para entonces ya había declarado nula la licencia de edificación del Residencial Olimpo. De momento no han podido poner un pie en su nueva casa, ya que, debido a los problemas judiciales, no han conseguido darse de alta en los servicios de electricidad y gas, y, por supuesto, tampoco tienen la cédula de habitabilidad. Ante tal panorama la pareja planteó hace unos meses a la promotora rescindir el contrato y recuperar el dinero invertido (una entrada de unos 15.000 euros y varias mensualidades), pero asegura que de momento no han recibido respuesta. La pareja y un niño recién nacido viven ahora de alquiler en Logroño, a la espera de que el problema se resuelva. En una situación similar se encuentran unas 70 familias más.











