Burgos indicó que en La Rioja hay registradas en la actualidad unas 22.000 viviendas protegidas de las cuales se descalifican al año unas 250. «Una situación a la que no afecta el decreto», apuntó. Subrayó también que el medida entrará en vigor el próximo febrero con el fin de explicar su alcance a los colectivos afectados y «engranar» el mecanismo de la Administración para su aplicación.












