ESPAÑA
El Gobierno recusa a dos magistrados conservadores del Constitucional
Considera «contaminados» a Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez- Zapata para resolver un recurso del PP sobre la reforma del Tribunal
20.10.07 -
Jorge Rodríguez-Zapata. / EFE
LAS CLAVES DEL CONFLICTO EN EL CONSTITUCIONAL
Gobierno recusó ayer a los magistrados Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata para evitar que el Tribunal Constitucional caiga bajo el control de los conservadores cuando tiene que dictaminar sobre leyes tan sensibles como el Estatuto de Cataluña, los matrimonios homosexuales o la ley de igualdad.
El presidente del Gobierno, ausente del Consejo de Ministros por encontrarse en Lisboa, respaldó el derecho del Ejecutivo a plantear una recusación «fundada en razones legales». La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, precisó que el Gobierno se ha visto obligado a ello para «preservar la imparcialidad» de los tribunales.
La institución, dominada por los progresistas desde el 2004, cayó bajo el control de los conservadores el martes pasado. El pleno apartó a la presidenta, María Emilia Casas, y al vicepresidente, Guillermo Jiménez, de la sala que decidirá si es legal que ambos prorroguen sus mandatos, que concluyeron en julio pasado, hasta que se produzca la renovación del tribunal.
La posibilidad de prorrogar los mandatos esta prevista en la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que el Parlamento aprobó en mayo pasado y cuya inconstitucionalidad analiza ahora la corte a petición del PP, que recurrió la norma en julio.
La decisión de excluir de esta deliberación a Casas y Jiménez por interés directo en la causa fracturó al pleno en dos mitades -cinco progresistas y cinco conservadores- y salió adelante por el voto de calidad del presidente accidental, el conservador Vicente Conde. Los progresistas acusaron a Conde de pisotear la doctrina sobre abstenciones de los magistrados que regía desde hace años en el tribunal y de actuar a impulsos políticos para descabalgar a Casas.
El Gobierno recusa a ambos magistrados porque considera que están «contaminados» para participar en la deliberación del recurso del PP. Explica que ya en junio pasado, un mes después de aprobada la ley y uno antes de que la recurriesen los populares, dirigieron una carta a la presidenta Casas en la que le notificaban su «más profunda discrepancia con el resultado de la reforma legal», en especial con la posibilidad de la prórroga automática de mandatos, y la animaban a dejar su cargo para elegir un nuevo presidente. De hecho, intentaron llevar el documento al pleno del Constitucional , para que forzase a la presidenta a dimitir, pero la iniciativa fue abortada por los otros diez magistrados de la institución, incluidos los conservadores, que consideraban que el debate los contaminaría si en el futuro alguien recurría la ley
Las impugnaciones del Gobierno aseguran que «la actitud de los dos magistrados (lo expresado en la carta) se califica como contraria a la necesaria imparcialidad exigible a un magistrado y reveladora de un prejuicio sobre el objeto del pleito, lo que implica prejuzgarlo».
El presidente del Gobierno, ausente del Consejo de Ministros por encontrarse en Lisboa, respaldó el derecho del Ejecutivo a plantear una recusación «fundada en razones legales». La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, precisó que el Gobierno se ha visto obligado a ello para «preservar la imparcialidad» de los tribunales.
La institución, dominada por los progresistas desde el 2004, cayó bajo el control de los conservadores el martes pasado. El pleno apartó a la presidenta, María Emilia Casas, y al vicepresidente, Guillermo Jiménez, de la sala que decidirá si es legal que ambos prorroguen sus mandatos, que concluyeron en julio pasado, hasta que se produzca la renovación del tribunal.
La posibilidad de prorrogar los mandatos esta prevista en la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que el Parlamento aprobó en mayo pasado y cuya inconstitucionalidad analiza ahora la corte a petición del PP, que recurrió la norma en julio.
La decisión de excluir de esta deliberación a Casas y Jiménez por interés directo en la causa fracturó al pleno en dos mitades -cinco progresistas y cinco conservadores- y salió adelante por el voto de calidad del presidente accidental, el conservador Vicente Conde. Los progresistas acusaron a Conde de pisotear la doctrina sobre abstenciones de los magistrados que regía desde hace años en el tribunal y de actuar a impulsos políticos para descabalgar a Casas.
El Gobierno recusa a ambos magistrados porque considera que están «contaminados» para participar en la deliberación del recurso del PP. Explica que ya en junio pasado, un mes después de aprobada la ley y uno antes de que la recurriesen los populares, dirigieron una carta a la presidenta Casas en la que le notificaban su «más profunda discrepancia con el resultado de la reforma legal», en especial con la posibilidad de la prórroga automática de mandatos, y la animaban a dejar su cargo para elegir un nuevo presidente. De hecho, intentaron llevar el documento al pleno del Constitucional , para que forzase a la presidenta a dimitir, pero la iniciativa fue abortada por los otros diez magistrados de la institución, incluidos los conservadores, que consideraban que el debate los contaminaría si en el futuro alguien recurría la ley
Las impugnaciones del Gobierno aseguran que «la actitud de los dos magistrados (lo expresado en la carta) se califica como contraria a la necesaria imparcialidad exigible a un magistrado y reveladora de un prejuicio sobre el objeto del pleito, lo que implica prejuzgarlo».
