
La denuncia cursó entrada en el Juzgado de Instrucción número 2 de Logroño el pasado martes. En ella, Enrique Jiménez, presidente de la Asociación Gitana explica lo sucedido con la familia de José Luis Gabarri a finales de agosto. La familia Gabarri acudió a la constructora Costa Rioja S.L. interesándose por unos pisos que la empresa estaba levantando en la avenida Logroño, de Nájera. La mujer que les atendió -siempre según la versión que se expone en la denuncia- les mostró varios planos y se llegaron a concretar las cuestiones económicas.
Finalmente, la familia gitana se decidió por un piso de 78,92 metros cuadrados más terraza, con tres dormitorios, salón, cocina y dos baños, cuyo plano quedó en poder de José Luis Gabarri y ahora se adjunta como prueba a la denuncia. El precio, que también figura en el mismo documento, serían 23 millones de pesetas más IVA.
Pero cuando los Gabarri visitaron por segunda vez las oficinas de la constructora con intención de firmar el contrato de compra-venta se encontraron con una desagradable sorpresa. Según consta en la denuncia, la mujer les comunicó que su jefe le impedía vender el piso argumentando «la posible oposición de otros potenciales compradores y posibles vecinos a que una familia gitana se instale en la propiedad, dado que contaba con ciertos elementos comunes, como piscina, que iban orientados a un propietario más 'selecto'».
Con todo, José Luis Gabarri no se dio por vencido y unos días más tarde, el 7 de septiembre, requirió mediante un burofax a la empresa denunciada para formalizar la compraventa. En él se llegaba a decir, incluso, que «el dinero necesario para la firma del contrato y el pago del primer plazo se encuentran depositados en una cuenta de Ibercaja a su total disposición». Eran casi 30.000 euros. Pero el burofax fue rehusado.
José Luis, comerciante de profesión y pastor de la Iglesia Evangelista, confía en que la Justicia resuelva a su favor este caso y pueda así cumplir su deseo de adquirir por fin el piso.
El abogado que ha redactado la denuncia considera que la empresa constructora ha vulnerado los derechos fundamentales de José Luis Gabarri y le considera autora de un delito del artículo 512 del Código Penal.













