ESPAÑA
El juez imputa a cargos del Gobierno de CiU el cobro de comisiones ilegales
Les acusa de malversación, fraude, tráfico de influencias y prevaricación Maragall asegura en Valladolid que «lo que no sabía es que fueran del 20%»
17.10.07 -
El juez de instrucción mantiene en un auto la imputación contra ocho cargos públicos, constructores e intermediarios por el supuesto cobro de comisiones ilegales de hasta el 20% en obras en viviendas de protección oficial de Adigsa, empresa pública de la Generalitat, durante el gobierno de CiU.
En un auto el juzgado de instrucción número 3 de Barcelona aprecia suficientes indicios para acusar a los imputados -algunos de ellos altos cargos de Adigsa- de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad en documento oficial.
El juez concluye así la investigación que inició en febrero del 2005 a raíz de la querella que presentó la Fiscalía después de que el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, denunciara en el Parlament el cobro de comisiones en la adjudicación de obras cuando gobernaba CiU.
Maragall, que precisamente se encontraba en Valladolid, ironizó al ser preguntado por los periodistas sobre el asunto, al señalar que él «lo que no sabía era que eran del 20%». «Es una noticia muy antigua», señaló Maragall, que no quiso hacer más comentarios al respecto.
En su auto, que ayer publicaba el diario 'El País', el juez considera a José María Penín, relacionado con el ex conseller Felip Puig, el «principal artífice» de una trama para el presunto cobro de comisiones en la adjudicación de obras de rehabilitación de viviendas de segunda mano dentro del Plan Jove, ideado «con la finalidad de captar el voto» para CiU.
Aunque la función «teórica» de Penín era tasar inmuebles y estudiar su viabilidad económica, no consta que lo hiciera así, sino que se ocupaba -según el auto- de llevar a constructores a ver las viviendas que se iban a rehabilitar para encargarles las reformas y, cuando las obras estaban hechas, se realizaban los expedientes para darles «apariencia legal», añade.
Concretamente, relata el auto, Penín y el también intermediario Honrubia cobraron comisiones por importe de 60.000 euros al constructor Salguero por las obras adjudicadas, e intentaron obtener otras de otro empresario por la rehabilitación de dos pisos, trato al que éste se negó. Según el juez instructor, Salguero, que rehabilitó una veintena de viviendas, aceptó la propuesta de Penín de que aumentara un 20% el valor de las reformas, «en claro detrimento del erario público», sin que en Adigsa constara de que estuviera realizando obras para ellos.
El presidente de CiU, Artur Mas, garantizó que ni Convergencia ni los altos cargos de su partido están implicados en el caso, aunque ha admitido desconocer si se ha producido «a un nivel inferior». El resto de partidos políticos catalanes pidió esclarecer el caso.
En un auto el juzgado de instrucción número 3 de Barcelona aprecia suficientes indicios para acusar a los imputados -algunos de ellos altos cargos de Adigsa- de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad en documento oficial.
El juez concluye así la investigación que inició en febrero del 2005 a raíz de la querella que presentó la Fiscalía después de que el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, denunciara en el Parlament el cobro de comisiones en la adjudicación de obras cuando gobernaba CiU.
Maragall, que precisamente se encontraba en Valladolid, ironizó al ser preguntado por los periodistas sobre el asunto, al señalar que él «lo que no sabía era que eran del 20%». «Es una noticia muy antigua», señaló Maragall, que no quiso hacer más comentarios al respecto.
En su auto, que ayer publicaba el diario 'El País', el juez considera a José María Penín, relacionado con el ex conseller Felip Puig, el «principal artífice» de una trama para el presunto cobro de comisiones en la adjudicación de obras de rehabilitación de viviendas de segunda mano dentro del Plan Jove, ideado «con la finalidad de captar el voto» para CiU.
Aunque la función «teórica» de Penín era tasar inmuebles y estudiar su viabilidad económica, no consta que lo hiciera así, sino que se ocupaba -según el auto- de llevar a constructores a ver las viviendas que se iban a rehabilitar para encargarles las reformas y, cuando las obras estaban hechas, se realizaban los expedientes para darles «apariencia legal», añade.
Concretamente, relata el auto, Penín y el también intermediario Honrubia cobraron comisiones por importe de 60.000 euros al constructor Salguero por las obras adjudicadas, e intentaron obtener otras de otro empresario por la rehabilitación de dos pisos, trato al que éste se negó. Según el juez instructor, Salguero, que rehabilitó una veintena de viviendas, aceptó la propuesta de Penín de que aumentara un 20% el valor de las reformas, «en claro detrimento del erario público», sin que en Adigsa constara de que estuviera realizando obras para ellos.
El presidente de CiU, Artur Mas, garantizó que ni Convergencia ni los altos cargos de su partido están implicados en el caso, aunque ha admitido desconocer si se ha producido «a un nivel inferior». El resto de partidos políticos catalanes pidió esclarecer el caso.
