EN RESUMEN
La medida anunciada ayer por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, fue acogida con «moderado optimismo» por las asociaciones de moteros y automovilistas que se reunieron con éste por espacio de dos horas. Estas agrupaciones venían pidiendo en los últimos meses la mejora sustancial de los guardarraíles, incluso se manifestaron en algunas ciudades para amplificar sus quejas. Una petición que se fundamentaba en los «terribles efectos» de estas barreras cortantes y, en último término, en el incremento del número de motoristas fallecidos en verano, un total de 101, 35 más que en el mismo periodo del año pasado.
La partida para modificar las vayas de seguridad en autovías y carreteras nacionales saldrá del ministerio de Fomento, que gestiona unos 25.000 kilómetros de vías que dependen de la Administración del Estado. En lo que va de año ya se han producido mejoras en algunos puntos negros de la red nacional dentro del plan aprobado por dicho departamento a finales de 2006, según el cual se pretendía 'asegurar' 1.500 kilómetros de barreras convencionales hasta 2011, para evitar que los pilotos choquen contra las propias biondas, árboles, farolas o señales en caso de caída.
Este proyecto contaba con un presupuesto de 43 millones de euros y establecía que los nuevos guardarrailes se instalarían en tramos con fuerte deceleraciones. El plan de Rubalcaba parte de esta premisa pero es más ambicioso a la hora prometer la modificación de las vallas de seguridad en todas las carreteras estatales, y no sólo en tramos de mayor siniestralidad.
Autonómicas y provinciales
El ambicioso proyecto tiene «algunas lagunas» en lo que respecta al resto de carreteras, de titularidad autonómica y provincial. Alfredo Pérez Rubalcaba señaló que en estos casos el proceso de sustitución será más lento debido a «dificultades presupuestarias». En cualquier caso, garantizó otro plan específico para este capítulo.
El presidente de la Asociación Mutua Motera, Juan Manuel Reyes, presente en la reunión, incidió en este asunto al afirmar que «son precisamente en estas vías donde se incrementa la accidentalidad» de los vehículos de dos ruedas. Por este motivo, urgió al Ministerio del Interior y, en su defecto, a la Dirección General de Tráfico (DGT), para que lleguen a un acuerdo con las Diputaciones Provinciales.















