
El informe, que se someterá ahora a enmiendas por parte de los grupos parlamentarios, aunque no se esperan cambios sustanciales, supone un freno a las pretensiones de flexibilización del sector del Ejecutivo comunitario en el momento clave de negociación de la reforma entre los Estados. Si bien el dictamen parlamentario no es vinculante, una reforma contraria al criterio de la mayoría de los diputados restaría credibilidad al acuerdo que alcanzarán los países en los próximos meses, por lo que se espera que tenga su peso en la OCM que finalmente se apruebe.
En línea con La Rioja
La gran diferencia con respecto al planteamiento de la Comisión es que el informe de Castiglione recoge prácticamente todas las pretensiones del Gobierno riojano y del Consejo Regulador. Además de eliminar cualquier alusión o fecha a la supresión del control de plantaciones en las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas (DOP e IGP), reserva a estas figuras el uso exclusivo de la indicación variedad y añada. La defensa de las denominaciones se traduce también en la vinculación de ayudas directas a la asunción de medidas generales para mejorar la calidad de las producciones o el destino exclusivo (del que quedan fuera los vinos de mesa) de los fondos de promoción en terceros países para difundir «las ventajas de los productos comunitarios, sus indicaciones de origen y sus marcas en términos de calidad, seguridad alimentaria y respeto al medio ambiente».
El informe Castiglione corrige asimismo aspectos como la promoción del consumo interno de vino -la Comisión sólo preveía ayudas para promoción en terceros países-, con campañas que serían financiadas por el propio Ejecutivo comunitario sobre los efectos saludables del consumo moderado de vino. Asimismo, rechaza el trasvase previsto por el Ejecutivo comunitario de fondos del sector a programas de desarrollo rural, otra de los aspectos cuestionados por las organizaciones agrarias.











