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Decenas de miles de afectados por el fraude multimillonario de Fórum Filatélico y Afinsa -unos 100.000, según las organizaciones convocantes, y menos de la mitad de esa cifra, a juicio de la Policía- se manifestaron en la tarde de ayer por las calles de Madrid, a fin de «exigir» al Gobierno una «solución política ya» a su caso, en la que también reclamaron el consenso de todos los partidos. Consideran que el fruto de ese «gran y definitivo acuerdo» debería incluir, de forma «inexcusable», la restitución completa de sus inversiones perdidas, en vez de la «vergonzosa limosna» de los anticipos que concede hasta finales de año el Instituto de Crédito Oficial (ICO) con cargo a la indemnización que puedan recibir en su día a través de los tribunales.

A diferencia de otras convocatorias, más de una veintena en el casi año y medio transcurrido desde que la Audiencia Nacional ordenó intervenir las sedes y bienes de Fórum y Afinsa en mayo de 2006, esta vez todas las organizaciones de perjudicados acudieron de la mano, tanto la principal coordinadora de afectados particulares (Ceaffa) como las asociaciones de consumidores Adicae y Ausbanc. Su acusación compartida se dirigía hacia el Ejecutivo actual por no asumir sus responsabilidades tras la «negligencia» que el Estado ha demostrado en los más de 25 años que llevaban funcionando ambas empresas. En este sentido, le reprocharon que haya sido él «único» interlocutor del caso que hasta ahora no ha querido reunirse con ellos.

La tesis argumental de los afectados, reiterada durante la lectura del manifiesto final de una marcha que transcurrió por el centro de Madrid (Puerta de Alcalá, Cibeles, Recoletos y Colón), es que la Administración incumplió su obligación de control en defensa de los consumidores y, por tanto, si ha habido fraude, debe responder por su responsabilidad patrimonial. Sendas demandas ya fueron presentadas meses atrás en ese sentido, por un importe de 2.269 millones de euros, algo menos de la mitad del 'agujero' de 4.700 millones que, según los administradores judiciales de Fórum y Afinsa, ambas sociedades generaron a lo largo de los años por culpa de su operativa irregular en la compraventa de sellos, donde ofrecían a sus clientes intereses sobredimensionados.

Los manifestantes llegaron en medio centenar de autobuses desde Asturias, Andalucía, País Vasco, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón, Cataluña o Extremadura.