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Navarra cerró ayer casi tres meses de incertidumbre postelectoral para afrontar un inicio de legislatura condicionado por la amenaza de inestabilidad en la dirección de las instituciones. La investidura de Miguel Sanz como presidente de la comunidad foral -con el aval de UPN y sus socios de CDN y el voto en blanco de los socialistas- ha puesto fin a un vacío de poder que se había prolongado más de lo comprensible por las desconcertantes negociaciones protagonizadas por las formaciones políticas y, en particular, por el PSN. Pero descartada la improcedente hipótesis de una repetición de las elecciones del 27-M, y con el liderazgo del Gobierno despejado, los partidos navarros encaran ahora la ineludible responsabilidad de garantizar el funcionamiento normalizado de las instituciones y de recobrar la confianza de una ciudadanía confusa y hastiada, a buen seguro, por la desconcertante gestión de los movimientos para formar el nuevo ejecutivo. Un hartazgo que debería llevar al Gabinete Sanz, pero también a la oposición, a renunciar a la tentación de plantearse la legislatura como una oportunidad para dirimir sus querellas pendientes tras las urnas.

Resulta insólito que el presidente Sanz haya acompañado su discurso de moderación para intentar atraerse el apoyo de los socialistas con el compromiso de que convocará elecciones si la comunidad se torna «ingobernable»; una afirmación que tiene tanto de asunción de la debilidad de su Ejecutivo en minoría, como de calculada advertencia ante la convicción de que el proceso negociador ha desgastado, sobre todo, a sus adversarios del PSN. Pero resulta igualmente censurable que éstos, lastrados por sus disensiones internas, continúen vinculando su legítimo derecho a ejercer un firme control sobre la acción gubernamental con el fantasma de una moción de censura, cuyo impulso significaría aplicar 'de facto' el pacto con los nacionalistas de Nafarroa Bai frustrado por el PSOE. Ambas alternativas están reglamentadas y resultan, por tanto, lícitas. Sin embargo, su mera mención en las actuales circunstancias contribuye a alimentar una perniciosa sensación de interinidad institucional, que confronta al jefe del Ejecutivo y a cada una de las formaciones con el dilema inexcusable de perpetuarla o de impedirla. El debate de investidura ha reproducido los márgenes en los que se mueve la voluntad mayoritaria y plural de los navarros: el respeto a la legalidad de la Constitución y el Amejoramiento del Fuero, y la obligatoriedad de pactar derivada de la situación minoritaria de los partidos. De su disposición sincera a promover el entendimiento depende no sólo la gobernabilidad y la exigible solidez de las instituciones. También la superación de la excepcionalidad de la que ETA y su entorno se han beneficiado para seguir utilizando el estatus de Navarra como palanca de sus desestabilizadoras pretensiones.